Grupo de Economistas Independientes
¿Qué pasaría en un país de la UE –por ejemplo España– si, tras una catástrofe natural, el municipio de la ciudad devastada despidiera a sus funcionarios por no tener dinero para pagarlos? Imagínense. Huelgas de solidaridad; manifestaciones; revocación del despido; todo seguiría igual... Sin embargo, eso es lo que ha pasado en Nueva Orleáns: la alcaldía, ¡oh monstruosidad!, ha despedido a 3.000 empleados, que se han ido a la cola del paro, porque no tenía dinero para pagarlos. Sin embargo, el sentido común nos lleva a pensar que las autoridades, simplemente, han preferido usar el dinero disponible en los más necesitados sin que nadie se rasgue las vestiduras.
El paso del huracán Katrina ha sido devastador en vidas y bienes. A ello han contribuido fallos humanos importantes, como la debilidad de los diques cercanos a Nueva Orleáns, pese a la certeza de que un huracán los derribaría. Las autoridades correspondientes deslindarán las responsabilidades. Mientras, todos asumen que su máxima contribución a la reconstrucción es trabajar y donar voluntariamente lo que puedan. Y, así, la economía parece haberse recuperado rápidamente.
Todo lo contrario de lo que pasa en nuestros lares: cuando un gobierno es débil, los grupos de presión son los amos. El monopolio del transporte ya ha empezado a chantajear a la población con amenazas de huelgas en un sector estratégico ante las que el Gobierno ha cedido rápidamente, destapando, al hacerlo, un nuevo agujero (tapado hace poco) de la financiación autonómica que el Gobierno vuelve a asumir. Las huelgas de transporte podrían habernos acercado peligrosamente a una situación muy crítica, de colapso total, con los almacenes de bienes básicos vacíos y la situación podría haber sido literalmente inmanejable, pues no es verosímil que el estado hubiera movilizado recursos de urgencia para paliar la crisis.
