Aunque Francia sigue ardiendo por los cuatro costados, todo indica que la intensidad de la revuelta está disminuyendo y que poco a poco las aguas vuelven a su cauce. No cabe duda de que las medidas preventivas y coercitivas puestas en marcha por el Gobierno y especialmente por el ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, han dado sus frutos aunque obviamente provocasen también la protesta airada de la oposición socialista e izquierdista convertida en una patética jaula de grillos.
A lo largo de esta crisis han podido comprobarse una serie de realidades difíciles de soslayar. En primer lugar, que el modelo de integración francés basado en el laicismo y la “discriminación positiva” de los hijos o nietos de emigrantes (los chicos que salieron a la calle a destruir los automóviles de sus propios padres, las escuelas donde estudiaron ,los pequeños comercios donde compraban) ha demostrado su irrelevancia ante la exclusión, el racismo, la violencia urbana, el fracaso escolar y —también— el desinterés de las familias por lo que hacen sus hijos en la calle.
Seguramente fue irresponsable reducir el apoyo que el Estado francés ofrecía desde hace años a las asociaciones juveniles, los gimnasios, los clubs deportivos y otras organizaciones supuestamente dedicadas a “encuadrar” a los jóvenes. También fue irresponsable suprimir miles de puestos de “mediadores” sociales que intentaban educar y contener sobre el terreno a los jóvenes airados, un papel al que las familias parecen haber renunciado.
La mitad, al menos, de los muchachos detenidos y juzgados estos días como responsables directos de la barbarie y el delito tienen menos de 16 años, lo que, sin ser una sorpresa, constituye un dato a tener en cuenta. Los padres han renunciado aparentemente al papel educativo que les correspondía. Sólo algunas de las familias afectadas han comenzado a tomarse en serio este papel de control y contención cuando la policía empezó a detener a los padres y madres de estos menores por no cumplir con sus obligaciones elementales. Desgraciadamente no sólo en Francia se produce este tipo de irresponsabilidad familiar contra la que el Estado lucha con pocos medios y pocas convicciones. El fenómeno se ha generalizado en Occidente y en... Oriente.
Obviamente, el carácter ejemplar de las detenciones y las condenas que los jueces han ido desgranando a lo largo de estos catorce días están dando sus frutos. Pero si en el futuro se pretende evitar una explosión semejante a la actual los gobiernos deberán tomarse en serio la reconversión de las “cités”, las barriadas periféricas donde habitan gran parte de los emigrantes viejos y nuevos. Esta reconversión tiene diversos matices y va desde la supresión de un urbanismo “soviético” (grandes edificios, con servicios degradados, pocas zonas verdes, iluminación escasa, vigilancia somera, etc) a la reimplantación de la llamada “policía de proximidad” suprimida parcialmente por los últimos gobiernos de la derecha.
Sin el tráfico de drogas y otros tráficos ilícitos (la prostitución, también) sería difícil de entender lo sucedido estos días. Y contra estos tráficos sólo puede luchar con eficiencia una policía que trabaje sobre el terreno y que lo conozca.
Otro asunto que deberá ser asumido por los gobernantes franceses, y que proviene de un auténtico clamor social, es el de la emigración ilegal, sobrevenida, salvaje o como quieran denominarla. El Gobierno francés ha expulsado sin ambages ni aplazamientos a los delincuentes sin papeles que participaron en la revuelta: nadie ha levantado la voz ante esta decisión. Las voces de protesta venían, naturalmente, del Reino Unido o de otros países tan aficionados a dar consejos como reacios son a recibirlos. Hay una presión social creciente para que estas expulsiones se reproduzcan sin que sea necesaria la comisión de delitos.
Claro que ni Francia ni ningún otro país europeo podrán acabar con este tipo de emigración sin la cooperación, el apoyo y la colaboración de los países por los que transita esta emigración “salvaje”, entre ellos España, convertida en el “gran coladero” de Europa del sur.
El paisaje que aparece tras esta batalla urbana será difícil de recomponer. La intervención del Gobierno y de las fuerzas políticas hegemónicas tendrá importancia en el futuro partiendo de una evidencia: no hay fórmulas mágicas e instantáneas para acabar con este tipo de violencia relativamente nueva y, sobre todo, inesperada. La sociedad debe también cambiar en su visión del “otro”, como dicen los cursis, y aprestarse a rechazar cualquier ataque contra la estabilidad y la vida cotidiana de la inmensa mayoría.
