Mientras escribo estas líneas comienzan a salir –por decimoctava noche consecutiva- a las calles públicas o, mejor dicho, estatales, grupos de musulmanes dispuestos a quemar coches, destrozar comercios y provocar el máximo de daños posibles en diversas ciudades de Francia así como en algunas urbes belgas y holandesas. ¿Qué es lo que nos ha conducido a esta situación?
Imagínese que estos hechos estuviesen ocurriendo en los EEUU. Ya estaría oyendo a los medios de comunicación y los intelectuales de turno: “Es el resultado lógico del capitalismo salvaje”; “se trata de la una reacción a la explotación que estas personas sufren día tras día en el mercado libre”; “el neoliberalismo tiene sus días contados”; “cuando una sociedad atiende más a la egoísta libertad individual que a la igualdad de oportunidades no cabe otro final”… Pero no es en el país de las libertades donde miles de individuos salen a la calle a llevar a cabo una acción que no persigue un bien sino un mal económico. Ni siquiera es en EEUU. Todo esto tiene lugar en Francia, país contrario al liberalismo como pocos en todo occidente.
Los políticos franceses repiten sin cesar que una vez terminen los “incidentes” tendrán que mejorar las políticas sociales de integración. Están tan narcotizados con su corrección política, su demagogia social y su constructivismo estatista que no se dan cuenta que es precisamente ese, el Estado del Bienestar, el origen de todos estos males. La política francesa se ha caracterizado durante los últimos 30 años por denostar al mercado libre como gran solucionador de problemas sociales y asfixiarlo paso a paso a golpe de regulaciones y políticas sociales. Esas personas que salen de sus casas de protección oficial a destruir el fundamento de la civilización –que no es otro que la propiedad privada- han atendido las lecciones de funcionarios públicos que les han adoctrinado en sus derechos sociales y las obligaciones que el prójimo ha contraído con ellos por el hecho de ser más productivos. Reciben dinero en forma de subvenciones arrancadas a personas que han sudado para ganarse el sueldo. Disfrutan de la discriminación positiva por pertenecer a una minoría étnica, religiosa o cultural. Han recibido la siempre mediocre atención sanitaria estatal. Cobran subsidios de desempleo porque el fabuloso salario mínimo francés unido a la vergonzosa calidad de la educación estatal les mantiene fuera del mercado laboral y, sobre todo, llevan años escuchando a los políticos e intelectuales franceses justificar todo tipo de actos violentos públicos y privados en virtud de la situación social o económica del agresor.
Puede que tenga gracia que toda esta destrucción tenga lugar en Francia pero no es una casualidad. Los abuelos de estos destructores llegaron al país vecino en unos años en los que no existía el desempleo y en los que la inmensa mayoría de la población vivía del intercambio voluntario con otros individuos. En aquellos años el gran economista Jacques Rueff asesoraba al gobierno de De Gaulle como líder del Comité français pour la suppression des obstacles à l’expansion économique y difundía la superioridad, tanto económica como moral, de la economía de libre mercado.
