Hace poco más de dos meses, el tribunal europeo de defensa de la competencia impidió la adquisición de Gas de Portugal (GDP) por parte de Electricidad de Portugal (EDP). Los reguladores comunitarios entendieron que entregar la gasista lusa a su compatriota suponía poner en grave riesgo la libre competencia en el sector energético portugués. Entonces, actuaron en consecuencia parando en seco la operación. EDP hubo de abstenerse y es consciente de que para su futura expansión no puede ir por ahí.
El litigio portugués entre EDP y GDP, tan cercano en el tiempo al de Endesa y Gas Natural, hacía suponer a los analistas hace sólo unas semanas que la Comisión Europea tomaría cartas en el asunto. Ya sometiendo a escrutinio la OPA, ya suspendiéndola por el peligro que ésta supone para la competencia en el sector eléctrico español. Porque la OPA hostil que está llevando a cabo el binomio Gas Natural-La Caixa no sólo está politizada hasta la náusea, sino que, como bien sabe cualquier observador externo, desembocará, de llevarse a buen término, en un gran operador energético que dejará pequeñas a sus dos competidoras directas, Iberdrola e Unión Fenosa, constituyendo un monopolio eléctrico de facto al servicio del tripartito catalán. Esto, que para el farisaico Gobierno que padecemos no es más que el símbolo del libre mercado, supondrá un chantaje permanente por parte de los nacionalistas y una amenaza en la que los consumidores seremos los únicos perdedores.
Por esta y por una cuestión de supervivencia, los ejecutivos de Endesa llevaron el caso a Bruselas con la esperanza de que, al menos allí, lejos de los tentáculos de Zapatero, imperase la justicia y el sentido común. No ha podido ser. El Gobierno parece decidido a jugárselo todo en esta mega operación financiera para mayor gloria del catalanismo gobernante. Es imposible entender como la Comisión Europea ha devuelto a España las competencias sobre la OPA cuando el caso Endesa-Gas Natural es idéntico al que la misma Comisión trató hace unos meses a cuento de la energía en Portugal. Es imposible, claro, si obviamos el viaje secreto que hace quince días hizo el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, a Madrid para tratar precisamente de este asunto.
Que el presidente del Gobierno envíe un domingo un avión de la Fuerza Aérea a Bruselas para recoger a Durao Barroso, le reciba en secreto y una semana después la oficina de Durao se desentienda del asunto es, cuando menos, sospechoso. El Confidencial Digital apuntaba hace unos días que Zapatero había sacrificado los fondos de cohesión hasta 2013 para salir bien librado del envite y poder, tal y como quedó consignado en los Pactos de Tinell con ERC, entregar a los nacionalistas catalanes la primera empresa energética del país. Si esto es cierto, si Zapatero ha jugado con fondos estructurales de vital importancia para satisfacer las demandas de sus socios, estaríamos ante uno de los escándalos más sonados de la legislatura.
Por ahora nadie en el Gobierno ha desmentido esta información, es más, hay indicios que llevan a pensar que la traición se ha consumado. En la pasada cumbre de París, Zapatero no replicó a Chirac cuando éste hizo referencia a los fondos y a cómo España debería ir pensando en dejar de recibirlos. Así las cosas, el presidente del Gobierno tiene la obligación de comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar en qué consistió la reunión con Durao Barroso, de qué se habló y, sobre todo, si España seguirá recibiendo fondos de cohesión de la Unión Europea. Si es que no, si Chirac estaba en lo cierto, los españoles tenemos derecho a saber las razones. No vendría de más que el presidente de la Comisión Europea, alto funcionario que no escapa al control del Parlamento, diese las explicaciones oportunas en Estrasburgo. Quizá Zapatero, Maragall, Carod y el complejo empresarial catalán que está tras las bambalinas de este brutal pulso, se salga con la suya, no lo eliminamos, eso sí, que sea a la vista de todos.
