Libertad Digital publica este lunes el primero de los dos artículos escritos por Alberto Recarte sobre la ideología económica del Estatuto de Cataluña. En la segunda entrega Recarte abordará el modelo económico y los presupuestos y gastos del texto catalán.
I. Introducción
Es evidente que el Estatuto catalán, tal y como ha sido aprobado por el Parlamento de su autonomía, con el voto favorable de todos los partidos políticos excepto el PP, es una constitución, que separa a Cataluña del resto de España y define a España, sin que los españoles hayan tenido ocasión de pronunciarse, como un estado plurinacional con características de confederación.
Pero, además de romper España, con el impulso indispensable del señor Rodríguez Zapatero, el Estatuto refleja la ideología de los partidos que gobiernan Cataluña, la del propio Gobierno de la nación española y la de Convergencia i Unio. En el Estatuto se manifiestan el comunismo y el ecologismo extremista de Izquierda Unida, el independentismo intervencionista de ERC, el populismo del PSC-PSOE y el del propio PSOE de Rodríguez Zapatero y el nacionalismo socialdemócrata de CiU. Dudo mucho que si los ciudadanos de una Cataluña independiente hubieran sabido que estos partidos, con esa ideología estatalista, iban a elaborar una Constitución votaran de la misma forma en que lo han hecho en las últimas elecciones autonómicas. Pero eso es lo que, hoy por hoy, tienen los residentes en Cataluña. Sin olvidar la firmeza del PP de Vidal Quadras y la ambigüedad del PP de Josep Piqué.
II. La ideología económica del Estatuto
En lo económico, de la lectura del Estatuto, y de acuerdo con sus pretensiones constitucionales, priman, o traslucen, unos cuantos principios rectores que son herederos del modelo de Constitución de la Republica de Weimar, —de la Europa de los años 20—, del corporativismo fascista italiano, del keynesianisnmo elemental, el denominado “hidráulico”, y la socialdemocracia progresista; además, por supuesto, como ya se ha hecho mención, del ecologismo intervencionista, el populismo antiliberal y el proteccionismo acobardado que es, en Cataluña, un mero reflejo del complejo de inferioridad francés frente al fenómeno de la globalización.
Esos principios son tres, básicamente:
1. El estado catalán será proteccionista. Y la administración pública, la Generalitat, tendrá un peso abrumador a la hora de marcar las directrices de la política empresarial, la política de crédito bancario y la política económica.
2. Esa constitución consagra al gasto público como panacea para resolver todos los posibles problemas económicos.
3. El orden económico que propone tiene una fortísima carga intervencionista, al tiempo que se manifiesta una profunda desconfianza hacia el libre mercado y un aborrecimiento notable a cualquier política liberalizadora.
De hecho, los redactores del Estatuto, siempre con el impulso incompetente del señor Rodríguez Zapatero, están anclados en el mundo de finales de los años 60 del siglo XX; cuando todavía no había desaparecido la Unión Soviética, ni los países del socialismo real, ni había fracasado rotundamente el keynesianismo con su fe en el gasto público, ni había triunfado la liberalización económica, ni se había extendido la globalización.
Los redactores del Estatuto no han aprendido nada, ni por qué desapareció el socialismo real, ni por qué desapareció el marxismo de la ideología de los partidos socialistas europeos, ni por qué el gasto público no puede resolver los problemas de fondo de una economía moderna, ni cuáles son las razones que explican el fenómeno de la deslocalización en las zonas industrializadas desde antiguo como Cataluña. Y cuya salida no es, por supuesto, más nacionalismo provinciano sino mas apertura, más internacionalización, mayor flexibilidad laboral y empresarial, bajos impuestos, libertad de mercados y la menor interferencia política posible. Aunque con un Estado fuerte, defensor del estado de derecho.
Los redactores del texto han decidido que no ha ocurrido nada, ni en España ni en el mundo, desde 1977. En lo político, porque reniegan de la Transición y el pacto constitucional, y en lo económico, y esto es lo más sorprendente, porque su discurso es el de esos años.
III. El modelo económico del Estatuto catalán
La economía de la Cataluña que se quiere independiente no es siquiera, al modo alemán de después de la II Guerra Mundial, economía social de mercado, porque Erhardt se ocupó muy pronto de definir con el apoyo de Adenauer, que social significa defensa de la libertad y de la creación de empleo.
La economía que se quiere para Cataluña tiene referencias a la planificación. Es verdad que en la Constitución española del 78 se menciona la posibilidad de planificar, pero la realidad se impuso enseguida y esa posibilidad estrambótica, reflejo lejano de la planificación indicativa del franquismo, se convirtió en retórica. Pero hablar de planificación, como lo hace el Estatuto catalán, en 2005, es la mejor de las muestras de lo que piensan las clases políticas dirigentes catalanas, con el beneplácito cobarde de los empresarios y las grandes fortunas del Principado.
Se dice también, específicamente, que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover el progreso económico y social de Cataluña, que dice basados en cuatro principios: solidaridad, cohesión, desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades. Una declaración de este tipo permite todo tipo de tropelías, porque todo es justificable y cualquier medida intervencionista es encajable en cualquiera de esos principios; excepto en el de la igualdad de oportunidades que contradiría, en la práctica, seguro, a los otros tres en el desarrollo legislativo.
Fruto de esa concepción intervencionista es la declaración de que se controlará la actividad empresarial teniendo en cuenta que los empresarios estarán obligados a ejercer una “responsabilidad social”. ¿Qué significa esta declaración? ¿No poder adoptar el empleo en una empresa, incluso si la demanda para la que se produce desaparece? ¿Contribuir con créditos y donaciones a esas organizaciones sociales a las que hay que proteger –versión Caixa–, como los partidos políticos nacionalistas? ¿Obligar a tener el menor beneficio posible al margen de los intereses legítimos de los accionistas?
Por otra parte los ecos marxistas también resuenan en el Estatuto, donde se habla de “economía productiva”, frente a la economía que no lo es. En terminología marxista, sólo la agricultura y la industria son productivas. Los servicios no lo son. Esa declaración es el anuncio de una política industrial proteccionista, lo que se traducirá en un gasto público ilimitado y un fracaso cierto. No hay dos tipos de economía. Se remonta a 1870 el momento en el que los mejores economistas de la época llegaron a la conclusión de que el motor de la actividad económica es la demanda de los consumidores, y no las pretensiones políticas de construir un estado fuerte, y que los precios se fijan en función de la oferta y la demanda y no en función de los costes de producción de empresas muchas veces protegidas.
La influencia del socialismo y de la socialdemocracia intervencionista va todavía más allá de esa declaración. Se dice, formalmente, que todos los ciudadanos gozarán de una “renta asegurada”. Trabajen o no trabajen. Y ello al margen de pensiones no contributivas, protección al desempleo y pensiones, que se deduce que serán no sólo diferentes, sino mucho más altas que en el resto de España.
La irresponsabilidad política y económica del señor Rodríguez Zapatero y de los partidos nacionalistas catalanes alcanza aquí una nueva cima. Por supuesto que no se dice ni el cuánto ni el cómo, pero en todo el texto permea la seguridad de que estas declaraciones son financiables, porque en el momento en que Cataluña dejara de ser explotada fiscalmente por el resto de España habría fondos suficientes para esa renta asegurada y para pensiones mucho más altas que las actuales, que son iguales que las de los demás españoles.
En esa economía antediluviana que define el Estatuto, el propio mercado de trabajo se regulará e intervendrá de una forma muy diferente a la actual. Los profesionales estarán regulados; los de fuera de Cataluña, españoles, no podrán ejercer, sin más, ninguna actividad; tendrán que ser examinados y homologados. El uso del catalán será imprescindible. La inmigración tendrá reglas propias; no se aceptan ni siquiera a los inmigrantes regularizados en el esto de España. Y naturalmente se rompe la caja única de la Seguridad Social.
Ya hemos discutido, ampliamente, en otros artículos, la regulación que se pretende de la actividad crediticia que se quiere que dependa todavía más estrechamente que en la actualidad del Gobierno de la Generalitat, para dirigir, orientar, controlar e inspeccionar la actividad crediticia. Y esta regulación es no sólo la puerta abierta a la falta de control parlamentario sobre las política de gasto publico, sino la mejor forma de institucionalizar la corrupción, como acaba de ponerse de manifiesto con la condonación de créditos de la Caixa tanto al PSC-PSOE como a ERC.
Por su parte, los sectores intervenidos y de exclusiva competencia de la Generalitat son legión: agricultura y pesca, aguas —para evitar trasvases—, puertos, carreteras y vías férreas, transportes, energía, horarios comerciales y actividad comercial, incluido el etiquetado de los productos.
