Usted siempre creyó saber mejor que nadie cómo producir y comercializar sangría. Un día puso su proyecto en marcha y lanzó al mercado Sangría La Fiesta recibiendo del público una gran acogida. En cambio, la Sociedad Nacional de Producción de Sangría, una empresa estatal, ofrece un producto de pésima imagen y peor calidad llamado Sangría de la Tierra el cual distribuye como si de tornillos oxidados se tratara. Como resultado, La Fiesta tiene una gran proporción del mercado de Sangría dentro y fuera de nuestras fronteras, mientras que Sangría de la Tierra no pasa de tener unas ventas anecdóticas a pesar de contar con una extensa plantilla de experimentadísmos profesionales.
Su empresa va viento en popa y usted se preocupa de introducir de cuando en cuando los cambios que su clientela parece requerir para mantener la confianza en su producto. Los encargados de su competencia estatal, en cambio, dedican su creatividad a contrarrestar las acusaciones de mala gestión lanzadas por los sindicatos durante la penúltima huelga de empleados. La Fiesta tiene beneficios crecientes mientras que Sangría de la Tierra no deja de hundirse en el pozo de las pérdidas. Usted piensa que, algún día, el “holding” público al que pertenece la empresa de la competencia no podrá seguir cubriendo esos números rojos y cerrará o venderá la empresa. Sin embargo, un buen día se entera de que el gobierno ha decidido autorizar la financiación de sus empresas públicas mediante aportaciones y garantías de las administraciones públicas. “¿Cómo es posible?”, se pregunta entre confuso e indignado. Mientras que usted se esfuerza cada día y arriesga todo su dinero en dar al público una sangría que le hace feliz, su competencia se podrá permitir el lujo de obviar las preferencias de la clientela potencial y despilfarrar recursos a base de quitarle al consumidor –vía impuestos– lo que no está dispuesto a concederle por la vía voluntaria del intercambio.
Esto es exactamente lo que ha ocurrido el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley por el que se modifica la actual ley para permitir que la SEPI pueda ser financiada con cargo a los Presupuestos y evite la quiebra de sus empresas. Si esto es competencia es, sin lugar a dudas, la más desleal que quepa imaginar. Pero contra esta “competencia” socialmente dañina no creo que se erija la voz de ningún órgano de “defensa de la competencia”. Al fin y al cabo están diseñados por los políticos y no por el mercado. Y el medio político no sólo es incompatible con el medio económico, como explicara magistralmente Oppenheimer, sino que sólo puede subsistir a modo de parásito de las relaciones voluntarias que se dan el mercado libre. Algún día el mercado tendrá que inventar la institución mediante la cual nos podamos sacudir de encima tantas empresas parasitarias. Hasta entonces una jarrita de sangría o un buen vino tinto pueden ayudar a ahogar las penas que produce el intervencionismo. Eso sí, con moderación, que lo dice papá Estado.