Libertad Digital publica la segunda y última entrega de los dos artículos escritos por Alberto Recarte sobre la política económica del Estatuto catalán. Para leer la primera parte del artículo haga click AQUÍ.
IV. Los presupuestos de ingresos y gastos públicos del nuevo Estatuto
Todo esto es muy costoso. ¿Cómo se paga? Creen el tripartito catalán, CiU y el señor Rodríguez Zapatero que sin ningún problema, con autonomía fiscal. A partir de la aprobación del Estatuto todos los ingresos públicos procedentes de los impuestos generales españoles, IRPF, IVA, Sociedades, y cotizaciones sociales, además de las tasas, otros impuestos, exenciones y los impuestos cedidos a las autonomías pertenecerán a la Generalitat. Eso sí, se dispone que se formará una comisión bilateral para discutir, “con España”, lo que se transfiere en concepto de “solidaridad”. Solidaridad condicionada a la evolución de las rentas medias en Cataluña porque si, por las razones que fuera, la renta per capita catalana perdiera posiciones en relación con la del resto de España, las transferencias se congelarían.
Los independentistas catalanes creen que si sólo se trasfiere una parte mínima de lo que se recauda en la autonomía, resultaría un saldo fiscal a su favor de alrededor de 10.000 millones de euros. Una cantidad sin apoyo teórico en ningún análisis detallado de la balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España. En primer lugar, porque no hay datos suficientes para calcular esa balanza. En cualquier caso, y utilizando supuestos diferentes, el Instituto de Estudios Fiscales analizó los datos fiscales de las autonomías y, en función de diferentes supuestos, para 1996, se obtenían unos resultados de entre casi 300 millones de euros que Cataluña recibiría netos del resto de España a algo más de 6.200 millones de euros que habría transferido al resto de España.
En todo caso, no estamos hablando de ninguna cifra que permita financiar el tipo de política económica que se define en el Estatuto. Incluso si nos fuéramos a la cifra más alta, los 10.000 millones de euros, estaríamos hablando de unos ingresos fiscales netos adicionales para la Generalitat del orden del 4 al 5 por ciento de su PIB. Un PIB que, por supuesto, retrocedería –como el del resto de España–, en caso de secesión. Pero con ese tipo de dinero no se puede desarrollar una política proteccionista, socialista e intervencionista, tal y como se define en el Estatuto. En la realidad, esa política no se puede pagar con ninguna cantidad de dinero.
Los autores de esta seudoconstitución han dejado bien claro que el Gobierno catalán se apropiaría de todos los ingresos presupuestarios que se generasen en Cataluña, con los mismos tributos generales que ahora, pero se reserva el derecho de modificar los tipos. Y les aseguro que con la clase de política económica que quieren hacer, tendrán que subirlos. No podrán hacer competencia fiscal a nadie, ni al resto de España ni siquiera a países con una fortísima presión fiscal, como Alemania y Francia. Estos últimos son consientes de que una de las armas que tienen las economías más desarrolladas para poder competir en el mundo de la globalizaciones es la reducción de impuestos y, si no en la practica, al menos en las declaraciones no cesan de anunciar que esa debería ser la política a seguir. Pues bien, ese será un lujo que no tendrán los ciudadanos y empresas establecidos en Cataluña.
Ninguna cantidad de dinero, ni los 10.000 millones de euros, ni por supuesto los 6.000 millones, pueden devolver, o mejorar, la competitividad de un país o una región que se embarca en aventuras de política económica como la que define el Estatuto. Esa cantidad de dinero se gastará con rapidez y al cabo de dos o tres años comenzará el proceso de generación de déficit públicos y de acumulación de deuda publica. Un proceso que no parará hasta que el tamaño del endeudamiento obligue a subir los impuestos, con lo que una economía, como la catalana, que está sufriendo ya de deslocalización, se adrentrará en una crisis de muy difícil solución.
Aunque el Estatuto es largo y prolijo, no dedica una sola palabra a qué ocurrirá con la actual deuda pública española de titularidad estatal. Estamos hablando de alrededor de 300.000 millones de euros, que habrá que repartir entre los estados confederados españoles, que se crean con el impulso del señor Rodríguez Zapatero en el Estatuto catalán. Y no me cabe ninguna duda de que a las autonomías más desarrolladas, como Cataluña, Madrid y el País Vasco, les corresponde una parte más que proporcional de esa deuda histórica.
Lo mas increíble del trasfondo económico del Estatuto es que los líderes empresariales catalanes no hayan dicho ni una sola palabra al respecto, excepto para alabarlo. Es más, han contribuido a que se aprobara precisamente este tipo de Estatuto. Un Estatuto que será la ruina del tejido empresarial catalán si llegara a entrar en vigor. Los empresarios catalanes, y sobre todo sus dirigentes, son optimistas y esperan que no entre en vigor gracias a la oposición de otros, –ciertamente no de la suya–, y del resto de España.
V. Conclusión
La mayoría de los temas a los que he hecho referencia –excepto el de la financiación y el de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social–, se consideran temas menores por los nacionalistas y por el PSOE de Rodríguez Zapatero.
Es muy probable que el actual Estatuto, con modificaciones mayores, pero manteniendo su absoluta inconstitucionalidad, se apruebe por las Cortes españolas y que el Tribunal Constitucional le dé su visto bueno.
Si eso ocurre, al margen de los problemas políticos que son obviamente los más importantes en esta ocasión, lo más probable es que muchos de esos aspectos económicos a los que se ha hecho referencia se mantengan en el Estatuto tal y como están. En ese caso, la iniciativa privada en Cataluña se verá muy afectada. Habrá deslocalización, huida de capitales, falta de inversión empresarial y desplazamiento de comercio en detrimento de Cataluña.
Y, por supuesto, la subida imparable del gasto y el endeudamiento públicos se traducirán, mucho antes de lo que algunos piensan, en alzas de impuestos, incertidumbre y miseria para la inmensa mayoría de los habitantes de Cataluña. 