Solbes ha sometido a los aliados gubernamentales a un baño de realismo. Incluyo entre los aliados más díscolos a su supuesto conmilitón Maragall, quien, por cierto, nos habría sorprendido mucho si hubiera reaccionado de manera diferente: ha vuelto a las amenazas veladas, pues “si España no cambia ahora se producirá la desafección de Cataluña”. Debiera haber dicho que si el PSOE no cambia ahora se producirá la desafección del PSC, o que ERC retirará su apoyo a Rodríguez. Pero, nacionalista como es, prefiere fantasear con una Cataluña que piensa como un solo hombre (un hombre igualito a él), con una España ajena, con desafecciones imaginarias.
Antes de que se sigan encabritando los nacionalistas, y antes también de que sigan generalizando injustamente algunos hipotéticos defensores de España dispuestos a castigar a empresas catalanas por el mero hecho de serlo, convendría fijar algunas cuestiones con las que se va a hacer demagogia a granel en los próximos días.
Uno de los mecanismos con los que cuenta el gobierno a la hora de racionalizar el nuevo estatuto catalán es la remisión a leyes orgánicas en puntos especialmente conflictivos. Cierto es que no hay que esperar milagros, y que los nacionalistas del cuatripartito aceptarán un estatuto constitucional el día que las ranas bailen flamenco, que el infierno se enfríe y que TVE pague su deuda. Pero el gobierno prueba, decía, con el expediente de las leyes orgánicas, dejando a los legisladores estatales la iniciativa de adecuarlas o no en el futuro a las previsiones estatutarias, que quedarían de momento en una especie de limbo. Hay quien ve en esto una supeditación, pero un estatuto de autonomía es una ley orgánica reforzada, y la relación que mantiene la legislación estatal con la autonómica no es de tipo jerárquico sino competencial. Una ley aprobada por las Cortes debe respetar las competencias del legislador autonómico y viceversa. Propiamente, una no está por encima de otra.
Es importante que no aparezcan ambigüedades, tentación casi irresistible de cuantos quieren obviar la Constitución por vía fraudulenta, pues la reforma en su dirección la ven imposible (es preciso el voto del PP). Y si hay contradicciones, nos dicen los nacionalistas, ya resolverá el Tribunal Constitucional. Desde luego que resolverá, pero a base de repetir el mantra de “el TC proveerá” metieron en el texto nada menos que la nación catalana, la bilateralidad y la quiebra de la unidad del poder judicial. A ver si resulta que no eran más que cromos para cambiar cuando llegara el momento de hablar de dinero. Pues si lo importante era la financiación, Solbes los ha hecho polvo con solo mover la primera ficha. Y sin despeinarse.