Es bien cierto que la izquierda nunca ha entendido bien qué es eso de la “libertad”, ni mucho menos que la libertad sea una cualidad inherente a la persona, la cual, a su vez, es el fundamento de su responsabilidad por cualquier acción, resultado de una elección.
De ahí deriva uno de los mayores vicios sociales del totalitarismo de izquierda: un Estado sin sociedad y, en su caso, una sociedad sin personas. De ahí también la fascinación que siente cuando, viéndose atrapado por la cultura y el desarrollo económico, político y social, contempla el desprecio hacia el hombre que se practica en las dictaduras estalinistas establecidas, con visos de permanencia –esta es la diferencia entre dictaduras de derechas y de izquierdas– en países en vías de desarrollo, en los que la negación de los derechos humanos más elementales se ha convertido en un hecho dramático, aunque no excepcional. Habría que preguntar a Hungría, a la antigua Checoslovaquia, a Polonia, etc., cómo vivieron la privación de libertad ante la esclavitud impuesta por la Unión Soviética; o cómo de libres se sienten los reprimidos hasta la muerte en la Tiannamen china; o los recluidos y desaparecidos por sus opiniones en la Cuba castrista; o, en fin, los perseguidos por el grotesco espectáculo del chavismo venezolano.
Referencias como éstas constituyen el sueño de tantos personajes de izquierdas en la Europa moderna y desarrollada que, a buen seguro, y siempre que no afectase a sus condiciones de vida, estarían dispuestos a cambiar desarrollo por pobreza y libertad por totalitarismo. Pese a ello, en los países avanzados, hay que soportar con estoicismo probado que los modelos que propugnan esos soñadores farisaicos se consideren de progreso, cuando en lo que son realmente abundantes es en sus aspiraciones a regresar al pasado más tenebroso y esterilizante.
El Informe del Consejo Audiovisual de Cataluña, que se ha dado a conocer en rasgos esenciales, y a salvo de una lectura más sosegada, parece más propio de ese arcaísmo de izquierda estalinista que de un país que ha tenido acceso a los bienes de la cultura, ingrediente significativo de eso que llamamos bienestar.
Verdad es sólo aquello que se ajusta plenamente a la realidad, como falsedad es todo lo que se aleja de ella. Y eso, con independencia de cual sea la opinión del mencionado Consejo. De hecho, ¿para qué escudarse en el Consejo? Si hay falsedad, si hay engaño y en consecuencia fraude, si hay calumnias o si se han producido injurias, para eso están los tribunales: ellos son los que deben valorarlo. Refugiarse en consejos, comités, aunque sean de los llamados “expertos”, grupos de trabajo, o zarandajas semejantes, no son más que evidencias de una debilidad en la razón y en lo razonable.
Hacer responsable a una entidad, la COPE, a la Conferencia Episcopal o a la Santa Sede, de las opiniones y juicios vertidos por los que dirigen o participan en sus programas, además de una actitud maniquea, supone negar de raíz la verdadera responsabilidad de los sujetos singulares. Aunque ello no es más que el resultado del desconocimiento de la izquierda acerca de las personas, de su libertad y de su función en la construcción de una sociedad.
Frente a la mentira, de la que se acusa, sólo cabe una objeción: la verdad. Parece sorprendente que ni un solo desmentido se ha producido por quien así arguye, aportando la luz que toda verdad es capaz de proporcionar. Por el contrario, acallar la verdad manifiesta, por considerarla contraria a los intereses personales o de partido (no de Cataluña como pretenden presentar algunos personajes; ésta es algo más, por fortuna, de quienes se otorgan la representación de sus esencias), y hacerlo desde una autoridad gratuita, lejos del imperio del derecho, es propio de sociedades decadentes y moralmente enfermas.
La Generalidad, el tripartito o el Consejo Audiovisual, tanto monta monta tanto, pueden penalizar a un medio, la COPE, por algo que nunca fue y a lo que no se ha reaccionado con aportación de datos que lo contradigan, pero no por ello convertirán en falso lo verdadero, ni harán verdad de la mentira. Que haya que volver a crear una radio pirenaica para que en Cataluña se sepa lo que ocurre en Cataluña sería la triste consecuencia de ese regreso al pasado al que nos quieren llevar; pero tampoco hay que renunciar a ello pues, como aquella, al menos parcialmente, también cumpliría su misión.
Defendemos la libertad y la verdad, lo que no aceptamos es que éstas vengan determinadas por el Consejo Audiovisual, ni siquiera por la Generalidad; para ello están los tribunales. Así las cosas, ante el atropello a derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, y aunque sólo lo fuera por vía de amenazas, quedan algunas preguntas que exigirían sus correspondientes respuestas: ¿Hacia dónde mirará el Tribunal Constitucional? ¿Permanecerá Europa en actitud silente, viendo que en un país miembro se niegan derechos que dice defender? ¿Una vez más tendrá que ser Europa, y más grave todavía, la Europa de hoy, la que haga por nosotros lo que nosotros deberíamos hacer por nosotros mismos?
Y, para terminar, si el imputar una falsedad sin demostración alguna, es motivo para suspender las emisiones de un medio de comunicación, ¿qué hay que hacer con el gobernante, el parlamentario o, simplemente el político, que miente con reiteración, con desfachatez, y con pruebas evidentes de ello? Consecuentemente, un Consejo ad hoc debería suspenderles. ¿Por qué no someter a todos a una comprobación de veracidad, aplicando a todos las mismas sanciones? Estamos convencidos de que muchos medios permanecerían en su función, al tiempo que gobiernos y parlamentos mostrarían su volatilidad. Quizá pueda ser una idea, así que, no la echen en saco roto; hay que estar preparados para cualquier eventualidad.