La "nueva" Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera del gobierno, no es ni la sombra de lo que antes fue. Sus males están a la vista: merma en la capacidad de producción; falta de mantenimiento, deterioro del ambiente laboral e impericia técnica que han llevado a la multiplicación de accidentes en refinerías y oleoductos y a la pérdida de vidas de trabajadores; y ausencia de seguridad jurídica e irrespeto a los convenios establecidos con las empresas privadas nacionales y extranjeras.
Entidades independientes, como la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, ubican la producción petrolera venezolana entre 600.000 y 700.000 barriles diarios por debajo de los 3,3 millones de barriles diarios que alega alegremente PDVSA; y casi un millón de barriles por debajo de lo que se producía en 1998, el año anterior a la presidencia de Chávez.
Esta drástica caída de la producción se debe principalmente a dos factores: la falta de inversión y la falta de personal técnicamente calificado. Y en ambos casos la responsabilidad recae en el actual gobierno.
Es el gobierno de Chávez el que suspendió el Plan de Inversión de la vieja PDVSA que proyectaba llegar a 5 millones de barriles diarios para el presenta año. El gobierno ahora admite que la producción de las 32 contratistas está por el orden de los 461.000 barriles diarios y no en los 510.000 b/d que habían sido presupuestados para el año 2005. Esta caída se debe a los recortes en la inversión que PDVSA impuso hace un año. Después de todo, sin nueva inversión es imposible mantener la producción.
Fue también el gobierno de Hugo Chávez que en el año 2003 despidió a más de 20.000 profesionales petroleros, altamente calificados y especializados, por razones meramente políticas, y los reemplazó por personal que sólo exhibía como credencial su adhesión al régimen. Irónicamente ahora es la propia PDVSA la que reconoce la carencia de personal calificado y anuncia que buscará en universidades a los más de 5.000 ingenieros indispensables para que la industria acometa su plan de inversiones.
Pero el problema está en que a los recién egresados de universidades les faltarían 20 años de experiencia para estar a la altura del reto que se les plantea.
Lo más lamentable es que la soberbia del gobierno le lleva a seguir presionando y coaccionando a las empresas contratistas para aceptar los cambios de reglas de juego a expensas de la desinversión. Y, peor aún, esa misma prepotencia gubernamental también impide tenderle un puente a los miles de profesionales que despidió injustamente, a costa de la destrucción de la industria que una vez fue orgullo de los venezolanos.