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EDITORIAL

Rajoy ante la inconstitucionalidad del CAC

Aunque demos por descontado el recurso del PP, su dilación no es ajena a ese lamentable espectáculo protagonizado por este partido en Cataluña que a punto estuvo de secundar en el parlamento autonómico esta “ley mordaza”

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), acaba de anunciar, por boca de su presidente, Fernando González Urbaneja, que ha pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que insten la inconstitucionalidad de artículos concretos de la reciente Ley Audiovisual catalana que asignan funciones y competencias en materia de contenidos al Consejo Audiovisual de Cataluña.
 
Aunque sea con tardanza y tibieza, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España se ha sumado, así, al clamor mediático y ciudadano contra esta liberticida legislación que regula el CAC, verdadero organismo censor con el que el tripartito nacional socialista –o social nacionalista– presidido por Maragall, pretende silenciar las voces críticas, empezando por las de la COPE.
 
La reacción de la FAPE se produce después de que se haya presentado en el Parlamento Europeo un manifiesto en apoyo a la COPE, avalado con casi setecientas mil firmas ciudadanas, y después de que el Comité Mundial de Libertad de Prensa reclamara por carta a Maragall el desmantelamiento de ese "organismo censor", más propio de una dictadura bananera que de un Estado democrático y de derecho. Este mismo lunes, también la Asociación Española de Radiodifusión Comercial denunciaba de los riesgos, que para "los derechos fundamentales", entraña las "ilimitadas" facultades de control e inspección otorgadas al CAC.
 
Si bien el presidente de la FAPE ha cumplido, por su parte, el requisito formal de dirigirse tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios, es iluso esperar que el gobierno de Zapatero –auténtico cómplice de esta ley mordaza– vaya a ser quien promueva el recurso ante el Tribunal Constitucional. Caso diferente es el del PP que, por razones de coherencia y de principios elementales, debería haber dirigido ya –sin necesidad de que ninguna asociación le instara a ello– su recurso contra esta campaña liberticida que, de forma tan flagrante, viola nuestra ley de leyes.
 
Aunque demos por descontado el recurso del PP, su dilación no es ajena a ese lamentable espectáculo protagonizado por este partido en Cataluña que a punto estuvo de secundar en el parlamento autonómico esta "ley mordaza", y que, tras su definitivo voto negativo, todavía elogió al CAC y a su inexistente "independencia y pluralidad".
 
En cualquier caso, de los errores estratégicos y hasta de la falta de principios, se aprende; siempre, claro está, que se corrijan.

En España

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