Que los riesgos para la continuidad democrática y constitucional de España no se encuentran en las declaraciones de un militar como el teniente general Mena Aguado, sino en el nihilismo moral y político de José Luis Rodríguez Zapatero y en la declarada y confesa aversión que, hacia nuestra Carta Magna, sienten sus separatistas socios de gobierno, debía ser, a estas alturas, una evidencia para todos si la mentira, el fariseísmo político o la simple estupidez no dominaran a la mayoría de nuestras élites políticas y mediáticas.
Que un general –por muy acertadas que, en el fondo, sean sus observaciones– no deba opinar públicamente sobre un proyecto de Ley –por muy anticonstitucional que dicho proyecto sea–, es una cosa. Que de ello se infiera que el teniente general, a pesar de su lealtad constitucional de fondo, haya infringido el reglamento y el "deber de neutralidad" en relación "con las diversas opciones políticas", es otra muy distinta. Si, para colmo, todo ello se sanciona, no con una ajustada reprimenda escrita o verbal, sino con el cese fulminante del cargo del militar y su arresto domiciliario, asistimos a una, más que rigurosa, farisaica y completamente desproporcionada reacción de un Gobierno que, con ella, presume de una observancia de la ley, de la que, en realidad, carece.
"Desproporcionada" porque, incluso para la tradicional severidad castrense, es aplicable el aforismo romano summun ius, summa injuria ("el derecho más estricto constituye la mayor injusticia"). Y farisaica, porque este Gobierno, tan aparentemente implacable en las formas, no hace otra cosa –cuando se trata de sus socios separatistas– que hacer la vista gorda –cuando no secundar– unas reivindicaciones que, esas sí en las formas y en el fondo, ponen en jaque la continuidad de la Constitución y la unidad de España, ya sea arrancando paginas de nuestra Carta Magna, ya sea elaborando estatutos que la pulverizan. Esto es lo que crea alarma social entre los ciudadanos y no saber que un teniente general opina del Estatut lo mismo que opina la mayoría de la gente.
Podríamos retrotraernos al respaldo que, siendo todavía líder de la oposición, Zapatero brindó a Maragall y a su amenaza de "drama" y referéndum ilegal en Cataluña si las Cortes surgidas del 14-M no daban el visto bueno a su Estatuto soberanista; podríamos recordar también la promesa de lealtad a la Constitución de ZP al asumir el cargo para, acto seguido, poner en duda la nación que preside y gobernar con los socios de ETA en Perpiñán. Pero baste fijarnos en la "última" del Gobierno del 14-M, que no es otra que la de poner en duda la aplicación de la ley de partidos de cara al Congreso que los batasunos pretenden celebrar el próximo día 21. No contento con haber hecho la vista gorda con los proetarras del PCTV, el Gobierno de ZP está dispuesto a que sea la propia Batasuna-ETA la que se salte descarada e impunemente la ley.
La presidenta del PP del País Vasco, por su parte, ha reclamado, tanto al consejero de Interior, Javier Balza, como al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, que "hagan su trabajo" e impidan a los proetarras la celebración del evento.
