Aunque le pese, el actual ministro de Defensa, José Bono, pasará a la Historia como el ministro de los ceses. Se arrancó en su cartera con la destitución caprichosa de parte de la cúpula militar a causa del YAK-42; amenazó con más ceses como tinte dramático de un episodio en el que ha montado su estrategia de popularidad como hombre profundamente de izquierdas; cesó al director de la academia del Aire en San Javier, para dejar claro que no tolera comportamientos que se salgan de sus directrices más estrictas; y acaba de imponer el arresto domiciliario y aceptar el cese solicitado por el JEMAD del teniente general Mena, basándose en los comentarios de éste en la celebración de la Pascua militar.
El teniente general Mena, hay que recordarlo, no criticó ningún proyecto de Ley del gobierno; ni manifestó descontento alguno con una decisión política de sus autoridades; no se metió con las iniciativas políticas de su superior el ministro; ni tampoco con la gestión de su compañero el JEMAD, general Félix Sanz Roldán. No, lo único que hizo fue expresar un sentimiento compartido con parte de sus oficiales acerca de un posible futuro de España amenazada por la desmembración. Y si ese era su supuesto teórico, no hizo más que repetir lo que todos sabemos –y Bono no se ha cansado de repetir cínicamente–, que el artículo 8 de la Constitución indica que es deber de las Fuerzas Armadas defender el orden constitucional, la soberanía y la integridad de España.
Aunque se atenga a derecho –y eso es discutible en todo caso– la sanción impuesta al general Mena, la respuesta del ministro Bono y del JEMAD, actuando como comisario político de los militares en este caso, se sale del sentido común. Máxime si se cree lo que él mismo dice: que ya no existe el problema militar, que los militares están perfectamente integrados en el sistema constitucional y que “un solo grano, no hace granero”. ¿Por qué entonces tanto revuelo? Por una sencilla razón, porque el ministro tiene miedo. Miedo de que comiencen a salirle enanos críticos por todos los rincones de su departamento. Hace pocos días, por ejemplo, otro alto mando militar, ya en la reserva, exponía en ABC su rechazo a la nueva Ley de Defensa Nacional. Mena podía ser sólo el principio. De ahí la celeridad y la contundencia. Que no cunda el mal ejemplo.
La participación del JEMAD en esta operación disciplinaria también llama la atención. Pide el cese por pérdida de confianza en el hasta ahora mando de la fuerza terrestre. Pero no lo fundamenta en juicio profesional alguno, puesto que las capacidades profesionales del teniente general Mena no están en discusión. Sino sobre la idoneidad y oportunidad política de sus manifestaciones. Pero, ¿a quién le parecen inoportunas sus palabras? Si uno mira las reacciones públicas, esa alarma social a la que se refiere José Bono, se dará cuenta de que los alarmados son los compañeros de Carod Rovira (quienes no se alarman de que su cabecilla se reúna con terroristas de ETA para acordar una tregua regional para Cataluña) y los peneuvistas de siempre. El PSOE no está alarmado, sino atemorizado de pensar que las cosas se les van de las manos. Y Bono lo que no quiere no puede permitirse es una revuelta entre los suyos.
Pero lo peor es que todos andan equivocados. Si el general Mena supone que las Fuerzas Armadas intervendrían para combatir el secesionismo vasco, catalán y gallego, llegado el caso, está muy equivocado. La institución militar, en tanto que cuerpo o colectivo cohesionado, dejó de existir hace muchos años y sus inclinaciones para participar en la vida política, para bien o para mal, fueron lapidadas hace ya tiempo. Los militares volvieron a sus cuarteles y de ahí ni han salido ni pueden salir porque ni quieren ni saben cómo hacerlo. Mena debe saberlo y por eso sus palabras no pueden interpretarse como una llamada a las armas más bien como un sentido presagio sobre el adiós a la España a la que ha servido.
El PP se dice y se desdice porque no le gusta que los militares expresen su opinión (aunque lo hagan constantemente de hecho), pero tampoco puede negar el profundo malestar al que ha conducido a media España el actual gobierno, incluido los militares. Pero se equivocaría si hiciera del caso Mena un elemento táctico para criticar a Rodríguez Zapatero. Es mucho más que eso. La sanción a Mena viene a poner en primera plana un problema real, la misión de los ejércitos. Cuando un militar jura defender a España y dar la vida por ella, si es necesario (y hay que recordar que han muerto muchos militares por ello en los últimos años), hay que tomarse ese juramento con la profundidad y el respeto que se merece. Estamos hablando de dar la vida, no de pagar impuestos simplemente. El actual gobierno y su imagen de una España confederal, el auge de los separatismos nacionalistas y la ausencia de un claro liderazgo confluyen para que la razón última que da sentido al compromiso de un militar se difumine hasta borrarse por completo. Las Fuerzas Armadas no son carros de combate y procedimientos, son valores y las personas que los encarnan.
Aceptar sin más la sanción al teniente general Mena equivale a aceptar el fin de la razón de ser de los ejércitos, su servicio a España. Mena no lo ha dicho, pero todos lo tenemos en la mente: España, el régimen político que hoy tenemos, está amenazado. Desgraciadamente para los militares las amenazas no sólo viene del exterior sino que se alimentan desde el gobierno de la nación. El general Mena ha dicho la verdad y nadie le puede acusar de lo contrario. Ni siquiera Bono. Su sanción, por muy jurídicamente que esté motivada, supone el suicidio de la institución militar, porque se le está robando legalmente su ser último.
