El Gobierno de Canarias opinó ante el Tribunal de Defensa de la Competencia que la OPA de Gas Natural sobre Endesa debe estar condicionada a que la eléctrica se desprenda de su red de distribución y ésta pase a manos de Red Eléctrica. En sus alegaciones ante el TDC, el Gobierno nacionalista también pidió la entrada de nuevos operadores de generación eléctrica. En tercer lugar, Coalición Canaria quiere que Gas Natural asuma el convenio de inversiones firmado por Endesa y el Gobierno regional en 2004.
A estas tres condiciones reduce el Gobierno regional su nihil obstat, y la Prensa local (como de costumbre, predispuesta a cotizar la arbitrariedad política en el mercado de las más nobles intenciones) ha sentenciado que acreditan fehacientemente el compromiso anti-trust de Adán Martín y su equipo.
La difusión de las alegaciones del Gobierno de CC sobre la OPA coincide, casualmente, con la publicación del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid.
Los argumentos del TDC madrileño no sólo son diferentes, sino incompatibles con los del Gobierno de CC. Sirva este hecho como ilustración de la obviedad de que una cosa es defender la competencia, como se supone que hace un organismo especializado, y lo contrario de defender la competencia es defender a los amigos y demás clientela frente a ella, como hace un Gobierno nacionalista.
El TDC madrileño rechaza la OPA porque “resulta incompatible” con la libre competencia en el mercado energético y “gravemente perjudicial” para los intereses de los consumidores madrileños. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, al comentar el fallo del TDC madrileño, recordó algo que parece obvio, pero que tanto el Gobierno de Canarias como el de Zapatero parecen desdeñar: “las OPAs no las decide el Gobierno, sino los accionistas”. Y esta opinión es significativa, porque el mero hecho de tener que recordarlo choca con el enfoque nacionalista, ya sea éste catalán o canario, sobre el funcionamiento de la economía.
Si, como es natural en un Estado de Derecho y en una economía abierta, las OPAs las deciden los accionistas, y el Gobierno tiene que limitarse a velar por que la oferta de adquisición se produzca de conformidad con la Ley y no perjudique los principios en los que se basa un sistema de libre competencia, entonces, ¿qué hace el Gobierno de Canarias intentando prescribir a otro Gobierno la enajenación de derechos de propiedad y su transferencia a una determinada empresa?
Las alegaciones del Gobierno de Canarias sobre la OPA revelan la ideología intervencionista de CC. No pueden evitar un impulso casi instintivo hacia el dirigismo y la planificación de los derechos de propiedad. ¿Por qué Endesa debe renunciar a sus derechos sobre la distribución de energía eléctrica? ¿Y por qué hay que transferirlos, precisamente, a Red Eléctrica Española, y no a otro operador? ¿Qué tiene que ver la expropiación pura y dura con la lucha anti-monopolio?
El problema tiene su origen en la raíz ideológica del informe del Gobierno canario: no está pensado para defender los intereses de los consumidores, sino para utilizar la OPA como oportunidad de seguir administrando privilegios y dirigiendo la economía a beneficio de sus intereses políticos, como en un régimen de economía centralizada y colectivista. A ti te quito la red de distribución, a ti te la doy.
Tampoco tiene en cuenta los intereses de los accionistas canarios de Endesa y Gas Natural (que también los hay: familias y empresas que han invertido sus ahorros en acciones de ambas compañías). A los de Endesa, el informe nacionalista los desprecia porque no considera las razonables objeciones que la eléctrica ha presentado ante el Tribunal Europeo para intentar demostrar que la operación perjudica a sus accionistas. A los de Gas Natural, los condena a desprenderse de importantes derechos de propiedad en Canarias, en una hipotética Endesa concentrada con la gasista.
En vez de dejar que sean los accionistas y, en su caso, los tribunales de Justicia los que decidan sobre la OPA, y en lugar de ceñirse estrictamente a la defensa del interés general que, en el caso de una operación de concentración empresarial, se identifica con el interés de los consumidores, como ha hecho el TDC madrileño, el Gobierno nacionalista asume y fomenta una operación con una marcada finalidad política, dirigida de principio a fin por el poder político.
El Gobierno de Canarias prescribe otras condiciones, como el cumplimiento del convenio de inversiones en infraestructuras eléctricas, firmado por Endesa y el Gobierno regional en 2004, o la entrada de nuevos operadores en la actividad de generación.
Es una muestra de hipocresía que CC pida ahora que se cumpla un convenio de inversiones que el presidente autonómico, Adán Martín, se ha encargado personalmente de frenar, unas veces por miedo a la contestación de los ecologistas, y otras por pura arbitrariedad administrativa.
En cuanto a la obligatoriedad de la entrada de nuevos operadores en la generación eléctrica, de nuevo, saltan el tic dirigista y el cinismo más impúdico. Ningún gobierno puede obligar a un operador a entrar en un mercado. El propio operador del sistema eléctrico canario, Red Eléctrica Española, ha declarado, por medio de su delegado en Canarias: “No nos consta que haya interés por parte de algunas de las eléctricas que operan en España para entrar en el mercado canario”. De hecho, vender energía eléctrica ya es posible en Canarias, al margen de la posición dominante de Endesa, y ningún operador se ha interesado por esta actividad.
En segundo lugar, un Gobierno que ha hecho todo lo posible por que no se levante una simple torreta eléctrica en Canarias, abandonando las infraestructuras y arriesgando el suministro a hogares y empresas, como se ha comprobado durante el apagón de cinco días ocasionado por los destrozos que el temporal ‘Delta’ causó en una red precaria, deteriorada por la burocracia nacionalista, ¿cómo se atreve a reclamar que haya nuevos operadores de generación que construyan centrales eléctricas? ¿O es que, cuando habla de nuevos operadores de generación, también está pensando en expropiar a Endesa de las centrales que ha construido en Canarias, para asignárselas a la compañía que el Gobierno decida?
