Carmen Calvo prometió que el expolio del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, presentado publicitariamente como devolución, se haría con luz y taquígrafos. Las seis de la mañana, en pleno invierno, no parece terminar de ajustarse correctamente a la definición de luz. Por otra parte, tampoco los GEO parecen responder a la descripción de taquígrafo. No obstante, quizá sea excesivo que los ministros se ajusten a la palabra dada, puesto que en una democracia avanzada como la nuestra, no deben darse batallas por ellas.
Los papeles de Salamanca no son todos los referidos a la guerra civil; alberga la documentación referente a partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos. Otros archivos repartidos por España conservan otros muchos documentos, organizados según criterios funcionales. Es esa unidad funcional la que se rompe, transformando por razones políticas los criterios técnicos por una suerte de "justicia archivística" que, de tomarse en serio por las demás autonomías y partidos políticos, llevaría a la total desaparición del archivo al exigir todos su parte del botín.
El comité de expertos ad hoc nombrado por Calvo para intentar hacer pasar una bajada de pantalones ante ERC como una decisión técnica estaba presidido por Federico Mayor Zaragoza, un personaje que ha pasado sin rubor del franquismo al zapaterismo, pasando por una UNESCO que convirtió en altavoz privilegiado de las tiranías comunistas de la época. Una UNESCO que, sin embargo, emitió un informe defendiendo la unidad archivística que el sabio comité prefirió ignorar, como demostración de que la decisión era política y estaba tomada de antemano.
Contrasta el extraordinario interés del nacionalismo catalán en destruir la unidad funcional del archivo con el no menos extraordinario en mantener una extraña "unidad museística" en Lérida, que sin embargo carece de ninguna justificación técnica. Las parroquias que pasaron de esta diócesis a la de Barbastro-Monzón, quisieron llevarse del museo diocesano leridano las obras de arte de las que son titulares para trasladarlas al museo de su nueva diócesis. Pese a tener de su lado la decisión del Vaticano, los aragoneses han visto el traslado frustrado por las apetencias nacionalistas y la negativa de la Consejería de Cultura de la Generalitat. Y es que el nacionalismo no es más que la institucionalización política de la ley del embudo.El gobierno de la transparencia ha vuelto a preferir la oscuridad para pagar las letras que debe al nacionalismo catalán. También la negociación del Estatuto, realizada en la penumbra de los que tienen mucho que ocultar a la opinión pública, parece haber dado hoy un paso adelante. Desgraciadamente, en uno y otro caso, la firma es de Zapatero pero quienes la pagan son todos los españoles.
