Si el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un duro dictamen sobre el Estatuto que se admitió a trámite en el Congreso, la filtración del informe del Consejo de Estado resulta un varapalo aún mayor para el gobierno. Sin haber sido preguntado por el proyecto estatutario de Zapatero, los juristas aconsejan una limitación explícita de las competencias de las comunidades autónomas en la Constitución. Si por las necesidades políticas de la Transición, las Cortes Constituyentes “prefirieron no agotar de forma conclusiva y definitiva el diseño territorial del Estado” dejando sin precisar ni el número de autonomías ni sus competencias, la intención de nombrar explícitamente a éstas en una carta magna reformada muestra que se ha producido una “consolidación” del modelo, que debería por tanto incluir sus límites.
Desgraciadamente, el PSOE ya ha anunciado que hará caso omiso de estas recomendaciones. López Garrido, el reputado jurista que perpetró la chapucera y fracasada denuncia del PSOE en el caso Tamayo, ha asegurado que sólo harán caso a aquella parte del informe que les interesa. Es de prever que Zapatero, igual que negó ante Gabilondo haberse comprometido a aprobar “el Estatuto que venga de Cataluña” –pese a estar sus palabras grabadas–, ahora afirmará no haber dicho jamás que el informe del Consejo de Estado constituiría la base de la reforma constitucional que iba a promover. Es una lástima para su credibilidad que sus palabras estén publicadas, nada más y nada menos que en el diario de sesiones del Congreso, pues las pronunció en su discurso de investidura.
Los socialistas están demostrando que sólo respetan la opinión de las instituciones a las que pueden someter. Si Álvaro Cuesta ya ha llamado energúmenos a los miembros del CGPJ, habrá que esperar las invectivas que derramarán sobre el Consejo de Estado. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que tanto éste órgano como el Tribunal de Defensa de la Competencia serán ignorados por un ejecutivo que sólo presta sus oídos a los consejos que le dan la razón. Cabe preguntarse de qué sirven en nuestra democracia estos comités de expertos que los gobernantes pueden permitirse ignorar tan alegremente.
La democracia liberal no se limita al voto de unas mayorías que puedan hacer y deshacer a su antojo. Los gobiernos electos han de poder actuar de acuerdo con su programa y su ideología, pero siempre dentro de un marco respetuoso con la libertad individual y los derechos de los ciudadanos. Para garantizarlo, toda constitución que se precie de democrática ha de incluir un complejo sistema de pesos y balanzas institucionales que frenen todo intento de sobrepasar esos límites. La nuestra ha demostrado carecer de muchos de ellos, y el Consejo de Estado –incapaz por su carácter consultivo de formar parte de ese juego– tan sólo ha mostrado la vía por la que se debería cerrar una de esas múltiples brechas.
No obstante, estas consideraciones se limitan a las democracias liberales, aquellas que han portado la antorcha de la libertad, la igualdad ante la ley, la paz y la prosperidad entre el concierto de las naciones. Otra cosa distinta es la democracia bolivariana que, visto lo visto, parece ser el modelo al que nos quiere llevar Zapatero.