Los movimientos corporativos que están teniendo lugar en la Unión Europea, o que pueden producirse en un breve espacio de tiempo, han puesto en tela de juicio el modelo empresarial de la UE. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, acaba de manifestarse en contra de los grandes campeones nacionales y a favor de compañías comunitarias. Sin embargo, la actitud de los Gobiernos de los distintos Estados miembros es muy diferente y siguen pensando en términos nacionales hasta el punto de que, lejos de poner pegas a que las empresas de su país adquieran otras en otras naciones, favorecen esta tendencia pero, en cambio, cuando vienen los de fuera a comprar empresas nacionales, la cosa cambia.
El ejemplo más reciente lo tenemos estos días como consecuencia de la OPA de la siderúrgica anglo-hindú Mittal sobre la también siderúrgica Arcelor, en parte francesa, en parte española y en parte luxemburguesa. Los Gobiernos de ninguno de estos tres países han puesto pega alguna a que Arcelor tratara de hacerse con la canadiense Dofasco, que le daba entrada al importante mercado estadounidense de fabricantes de automóviles. Pero en cuanto Mittal ha presentado una oferta por Arcelor, la cosa ha cambiado radicalmente. Como Arcelor conoce a la perfección las ideas de los Ejecutivos sobre la toma de control de empresas nacionales, una de las primeras cosas que ha hecho para tratar de defenderse de la OPA de Mittal es acudir a los Gobiernos, donde ha encontrado personas sensibles a sus intereses y ya han empezado las declaraciones políticas al respecto. Declaraciones que, con la excusa de proteger los 94.000 puestos de trabajo que Arcelor mantiene en España, Francia y Luxemburgo, revelan el frente común constituido por los tres Gobiernos en contra de la OPA.
Ante esta actitud de los Ejecutivos europeos, a la que se suma abiertamente el Gobierno español, cabe preguntarse qué pasará si alguien intenta lanzar una OPA sobre Repsol YPF. Y la pregunta no es gratuita, por varios motivos. En primer término, el próximo 6 de febrero vence la acción de oro que el Gobierno mantiene desde hace años sobre la petrolera. A partir de ese momento, no podrá evitar directamente que alguien trate de adquirir la empresa. De hecho, desde hace algunos meses se viene comentando el interés de compañías como British Petroleum por lanzar una OPA sobre Repsol en cuanto desaparezca la acción de oro. Es más, en estos momentos, por las Bolsas de media Europa ya circulan rumores acerca de lo inminente de la operación y los inversores, como es lógico, están comprado acciones de Repsol para beneficiarse de ello. A fin de cuentas, la petrolera que preside Antoni Brufau es una empresa de tamaño medio en el sector a escala internacional con un gran activo –los campos petrolíferos de Argentina– y cuya cotización está relativamente barata. Cualquiera de los grandes del mundo podría tragarse a Repsol sin esfuerzos –Exxon obtuvo un beneficio de 30.000 millones de euros en 2005, una cifra superior a la capitalización bursátil de Repsol–. Ahora que está a punto de caducar la acción de oro, ¿hará algo el Gobierno para impedirlo?
En teoría, el Ejecutivo debería desentenderse del asunto, pero la realidad demuestra otra cosa. No hay más que ver la forma en que ha venido apoyando a Gas Natural desde que presentó la OPA sobre Endesa a principios de septiembre para suponer que el Gobierno de Zapatero tratará de poner todas las trabas posibles a que una compañía extranjera se haga con la petrolera controlada por La Caixa. No hay más que recordar las declaraciones recientes de Zapatero sobre la importancia de contar en España con empresas energéticas fuertes, algo muy distinto a lo que dice Neelie Kroes, para pensar que si se materializa la OPA sobre Repsol el Ejecutivo utilizará todos los medios disponibles para tratar de impedirla. La cuestión es si es así como debe actuar el poder, porque lo que ha quedado claro a lo largo del siglo XX es que los campeones nacionales cuestan muy caros a los países y a los consumidores, y porque si España pretende internacionalizar a fondo su economía y sus empresas tiene que aceptar que igual que las Telefónica, SCH, BBVA, Cintra, etc., se hacen con compañías de otros países y con concesiones en el extranjero, los de fuera también deben poder hacer lo mismo en España para que nadie cierre las puertas al capital español, para que los consumidores españoles puedan beneficiarse de gestiones eficientes y precios más bajos.