Ahora que el PP se ha puesto a recoger firmas para promover ese referéndum que nunca se convocará, de nuevo se vuelve a percibir lo complicado de la situación política. El objetivo de la recogida no es la consulta a la nación española, sino presentar al Gobierno y sus aliados algunos millones de firmas. El envite es arriesgado, pues tendría que ser un total, verificado y limpio, que hiciera temblar a Zapatero; es decir, que casi equiparara al número de votos del PP, o que llegara al rechazo al Estatuto estimado en las encuestas.
El inicio de la campaña en Cádiz es todo un símbolo que merece la pena explotar. La reforma del Estatuto de Cataluña es una reforma de la Constitución de 1978. El problema no está en la resistencia a las reformas, sino en los medios empleados para llevarla a cabo y, también, en que supone la quiebra evidente de dos pilares constitucionales: la igualdad y la soberanía nacional. La elección de Cádiz debería mostrar la diferencia que existe entre una Constitución y una Carta Otorgada. Porque ésta es la clave.
La diferencia está en el reconocimiento del sujeto de la soberanía y en la vía para la reforma o redacción constitucional. El asunto no es baladí, ya que marca indudablemente el contenido. Para la elaboración de una Constitución, la nación soberana, consciente del proceso político en el que vive, elige para la ocasión a sus representantes. Finalmente, tras debates públicos, el texto redactado por los diputados es sometido a referéndum nacional. Aquellos hombres reunidos en Cádiz para hacer una Constitución, tuvieron bien presente el origen del poder, las normas del constitucionalismo y el cometido que tenían. Y así lo expresaron en el artículo 3: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales". No se puede decir más, con menos palabras.
Otra cosa es una Carta Otorgada, por ejemplo, aquel Estatuto de Bayona, de 1808, que el rey impuesto, José I Bonaparte, quiso dar a los españoles. Una Junta Nacional, elegida por el Rey y reunida en aquella localidad francesa, se abrogó la representación de los españoles para darle su "ley fundamental". La nación no fue consciente del proceso, no eligió a nadie para elaborar aquella "Constitución", ni se le consultó si aceptaba o no aquel cambio.
Aquí está la importancia del símbolo gaditano: el protagonismo de la nación en la creación, conservación y modificación de su Constitución. Y así se ha seguido para la de 1978: una norma perfectamente democrática, conseguida con un consenso histórico, fundada en principios tan contemporáneos como la igualdad y la libertad, y que ha sido, sobre todo, un proyecto colectivo de la nación.
Los pactos secretos para la modificación de nuestras normas de convivencia y, en definitiva, de la Constitución del 78, se han iniciado, no en Bayona, como en 1808, sino en otra localidad francesa: Perpiñán. Porque este pacto con los nacionalistas y el fin suave de ETA obligan a la creación de un Estado nuevo para el que hay que amoldar, o subvertir, el texto constitucional. Y todo sin contar con el sujeto que hizo posible esa norma: la nación soberana.