La OPA de Gas Natural sobre Endesa ha entrado en una senda muy peligrosa para el conjunto del país. Ya no se trata de que el Gobierno no quiera que la eléctrica acabe en manos extranjeras, sino de la cantidad de alarmantes irregularidades que viene cometiendo en las últimas semanas para tratar de salirse con la suya a cualquier precio. El último ejemplo lo constituye el cambio en la redacción del decreto contra E.On, que apareció en el Boletín Oficial del Estado con un contenido distinto a lo aprobado en el Consejo de Ministros sobre todo en un punto esencial: los poderes ilimitados con que la nueva redacción dota a la Comisión Nacional de la Energía para vetar cualquier operación de concentración empresarial en el sector.
El Gobierno ha justificado el cambio como un error, y a lo mejor es verdad. Pero con todo lo que ha pasado durante la OPA, la sensación, más bien, es que la alteración es calculada y deliberada. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Entre el Consejo de Ministros y la publicación del decreto surgieron las reacciones contrarias de la Comisión Europea, que criticó la intervención del Ejecutivo en el proceso en contra de una empresa extranjera pero de la Unión Europea, así como el cambio de reglas del juego en medio de la operación. Y los cambios que aparecieron en el BOE dan respuesta a estas críticas, al modificar los motivos de la nueva regulación para no dejar rastro impreso de la intervención del Gobierno y al ampliar los poderes de la CNE. Aún así, el Ministerio de Industria dice que todo es fruto de una equivocación. Pero es cuando se ha visto como en la Comisión Nacional de la Energía se eliminaban párrafos del informe de los técnicos, párrafos contrarios a la OPA, o cuando del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia no se ha tomado en cuenta más que el voto particular del presidente del mismo, el ex diputado socialista Luis Berenguer, favorable a la OPA con condiciones blandas, en vez del dictamen del TDC, que recomendaba su prohibición, uno piensa, inevitablemente, que aquí ha vuelto a pasar lo mismo para tratar de evitar, de forma burda, la intervención de la Unión Europea.
A estas alturas de la película, sin embargo, al Gobierno se le ha ido por completo de las manos el control de la situación. La Unión Europea ha tomado buena nota de su proceder y lo ha criticado alto y claro –lo ha hecho hasta el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista español Joaquín Almunia-. Y, a partir de la próxima semana, la UE empezará a tener cosas que decir porque el próximo día 9 empieza la vista en el Tribunal Europeo de Justicia de la demanda presentada por Endesa, ahora muy cargada de razón tras las actuaciones de Zapatero y los suyos. Pero hay más cosas con las que el Ejecutivo no contaba, por ejemplo, con la intención de E.On de llegar hasta el final y llevar este asunto ante los tribunales si es preciso, algo impropio en un caso de éstos en los que una empresa extranjera que quiere adquirir una nacional en contra de los deseos del Gobierno, y en un sector regulado en el que el Ejecutivo tiene mucho poder, normalmente acaba por quitarse de en medio y evitarse problemas. Los alemanes, sin embargo, no están por la labor y cuentan, además, con el respaldo de su Gobierno, un apoyo fundamental cuando España tiene tantas cosas que negociar en la Unión Europea, entre ellas los fondos europeos, que no sacará adelante sin el acuerdo de los alemanes.
