En la primera propuesta ministerial de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el PP a finales de 2001, se incluían redacciones alternativas de varios artículos, algunas de las cuales iban más allá de la LOU en cuanto a propósito reformista., mientras que otras podrían suponer una terrible involución. Hay que esperar para ver en qué quedará esta reforma, pero resulta angustioso el simple hecho de que los responsables ministeriales no hagan una apuesta clara.
La simple posibilidad, no del todo clara, de que la reforma de la LOU avance en la dirección correcta ha hecho saltar ya algunas señales de alarma en las universidades. La respuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a la propuesta del Ministerio no se ha hecho esperar. Piden que en las acreditaciones, una evaluación externa a la que debe someterse el profesorado para promocionar, se tengan en cuenta los méritos de docencia y "de gestión". Quiere esto decir que para ser Profesor Titular de una materia concreta debería ser mérito el haber desempeñado tareas administrativas dentro de la propia universidad. Cabría pensar que lo lógico sería que un profesor demostrara sus conocimientos sobre la materia que va a enseñar y sobre la que va a investigar, pero para los Rectores y otros "gestores" no es tan obvio. No proponen ninguna forma de medir esos méritos docentes y "de gestión", claro.
Eso sí, no admiten que los méritos docentes y "de gestión" sean evaluados externamente por la CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora), y no ven necesario que se dé publicidad a los currículos de los candidatos que solicitan una acreditación.
Rechazan el que a los miembros de las Comisiones encargadas de las acreditaciones se les exijan tramos de investigación, esto es, experiencia investigadora evaluada externamente. Y eso teniendo en cuenta que esas Comisiones sí evalúan los méritos investigadores de los solicitantes.
Proponen que a los Profesores Ayudantes, dedicados íntegramente a su formación investigadora, se les atribuya también la obligación de atender a su formación docente, es decir, se les pueda poner a dar clases.
Lo anterior es una pequeña muestra de por dónde van los tiros. Está claro, una vez más, que ninguna reforma de la universidad es posible si hay que contar con su participación activa. Cualquier cambio se hará a pesar de la universidad, o no se hará. Las llamadas al consenso por parte de los rectores son un intento de desactivar cualquier reforma de gran calado. Las universidades españolas se han convertido en un estado dentro del estado, con la excusa de la dichosa autonomía universitaria.
Si bien esta reforma de la LOU puede mejorar algunos puntos débiles del texto, también puede acabar con cualquier esperanza de regeneración en nuestro maltrecho (pero sobredimensionadísmo) tejido universitario, de importancia capital para la educación, la investigación y las posibilidades de desarrollo del país.