El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, ha asegurado en Viena que el programa nuclear iraní será remitido "inmediatamente" al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con capacidad sancionadora. El anuncio viene a coincidir con las amenazas de "daño y dolor" contra los Estados Unidos que los fanáticos representantes iraníes intercalan con su supuesto compromiso con "la paz, la seguridad y la justicia para todos los pueblos". Todo ello, mientras mantienen imperturbable su voluntad de seguir incumpliendo los compromisos internacionales que tratan de impedir que un régimen de sus criminales características pueda dotarse de armamento nuclear.
Mientras tanto, los expertos de la ONU cifran en 85 toneladas la cantidad de uranio en forma de gas que ya dispone Irán; "cantidad suficiente –tal y como el embajador de EE UU ha advertido ante la OIEA– para enriquecer uranio para fabricar unas diez bombas.
Conviene recordar, por otra parte, que la república islámica ya ha probado hace meses con éxito el lanzamiento de misiles susceptibles de transportar tres cabezas nucleares y de alcanzar, no sólo Israel, sino también la Europa suroriental. Claro que, vista la desfachatez con la que hablan de los "objetivos civiles" de su programa nuclear, no nos extrañaría que los diplomáticos iraníes nos aseguraran que lo que pretenden con estos proyectiles fuera lanzar, más allá de sus fronteras, mensajes en pro de la "Alianza de Civilizaciones" o en pro de "la paz, la seguridad y la justicia para todos los pueblos".
En cualquier caso, ante un régimen que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos, que constituye uno de los principales patrocinadores del terrorismo islámico y que ha hecho llamamientos tan "pacifistas" como el de "borrar a Israel del mapa", la comunidad internacional no debe correr el riego de basarse en certezas de otra índole.
De la misma forma que en los estados de derecho se establecen para determinados individuos "ordenes de alejamiento" –y se castiga su incumplimiento, con independencia de las intenciones del infractor a la hora de infringirlas–, el fanático y criminal régimen de los ayatolás merece una "orden de alejamiento" a cualquier actividad susceptible de ser transformada en armamento nuclear.
La comunidad internacional, incluso tras el descubrimiento en el verano de 2002 de las partes clandestinas del programa atómico que Teherán mantuvo ocultas durante 18 años, le ha ofrecido toda clase de incentivos y contrapartidas a cambio de no producir el uranio enriquecido. La respuesta ha sido o el engaño o la abierta retirada del precinto internacional de sus plantas.
La comunidad internacional ya es suficientemente permisiva tolerando la impunidad y la existencia de un régimen corrupto, empobrecedor y liberticida como el de los ayatolás; ya hace bastante la vista gorda ante el incuestionable apoyo y respaldo de Teherán al terrorismo islámico. Lo que ya sería una pulsión absolutamente suicida, sería reconocer el derecho de erigirse en un riesgo nuclear a un régimen que, como el iraní, carece de toda legitimidad y conculca todo derecho.
