Montesquieu trataba en su hoy desatendida obra El espíritu de las leyes de la responsabilidad del político a la hora de procurar mecanismos que aseguren la libertad del individuo. Isaiah Berlin, también, con la ingenuidad que a veces nos persigue, afirmaba con rotundidad que la "libertad implica obviamente responsabilidad".
La democracia articula mecanismos para sustituir y condenar a los políticos por la responsabilidad de sus actos. Sí pero, ¿cómo se cobra una "responsabilidad" cuando ya no hay marcha atrás, cuando no es posible replantearse siquiera las premisas políticas, o su desarrollo? Las complicaciones de este tipo se ciñen a aquellas que afectan, normalmente, a la definición institucional del Estado. Por eso, cuando se emprenden reformas de tal calado, aquí y en el Maputo de Fernández de la Vega, se busca el consenso de las grandes fuerzas políticas.
La redefinición de España en nacionalidades y naciones, a la carta, está protagonizando esta legislatura, en la que quedarán como regiones, parafraseando a Sagasta, "los que no puedan ser otra cosa". Ahora Valencia es una "nacionalidad histórica" dentro de la nación española, un sujeto que al que le va faltando contenido. Y pronto, la pandemia nacionalista pasará al resto de los territorios.
España se está convirtiendo, así, en el Estado de la autodeterminación. Creímos entrar en la historia de los modelos políticos cuando inventamos una transición tranquila de una dictadura a la democracia. Dentro de poco, el "Estado español" será el modelo de transición de una democracia pluralista descentralizada, a una confederación de corralitos nacionalistas basada en la libre autodeterminación. Enseñaremos al mundo un modelo de cambio de régimen forzado por las minorías, que cuenta con el beneplácito de un gobierno débil que ansía, como todos, sostenerse en el poder. La responsabilidad es clara, y el sentido de Estado, o su falta, debería serlo también. Porque es una Segunda Transición que la mayoría de los españoles no creía necesaria hace poco más de dos años. ¿Cómo explicar el cambio de régimen sin que hubiera un movimiento de opinión, general, previo y prolongado?
El camino hacia la independencia de los que en esta legislatura se definan como naciones se comenzó a recorrer en la Primera Transición. La aprobación de la reforma de sus Estatutos de Autonomía se hará, en esta Segunda, de forma legal y legítima, y la responsabilidad del gobierno Zapatero podremos cobrarla en las urnas en 2008. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo desandar la "hoja de ruta" independentista? ¿Lo hará este PP? Es más, ¿merece la pena propiciar una "balcanización", con todos sus conflictos, o decidirse por la vía dulce que tomó Checoslovaquia?
La reforma constitucional y de los Estatutos de Autonomía, emprendida por el gobierno Zapatero con el único ánimo de asentar al PSOE en el podersine die, es similar a la que tiene lugar –qué casualidad– en Venezuela y Bolivia. La responsabilidad del político, en estos casos, cuando se creen imbuidos de un mandato popular para reconfigurar a su gusto el sistema, se acaba diluyendo. Y es entonces cuando el régimen deja de ser verdaderamente democrático, porque las elecciones ya no consisten en dilucidar la alternancia entre partidos, entre políticas de gestión de lo cotidiano, sino en decidirse por un régimen u otro. Y la democracia no se basa en hacer de cada elección legislativa un referéndum existencial.