Cuantas más horas transcurren desde el comunicado de ETA anunciando un cese de sus atentados, más se oscurece el panorama de que ese anuncio sea en realidad un primer paso hacia su desaparición definitiva. Un proceso que ha arrancado de una sucesión de mentiras sólo puede producir una paz de mentira.
La primera mentira ha sido la ausencia de conversaciones previas para llegar a este comunicado. En pocas horas ha emergido con fuerza la certeza, alentada desde el propio entorno del presidente, de que este comunicado ha sido previamente pactado por Rodriguez Zapatero con la banda. Este hecho supondría que el Gobierno ha estado no sólo ocultando a la opinión pública, sino negando sistemáticamente en sede parlamentaria esos contactos con los terroristas. El proceso habría nacido así lastrado por una gran mentira inicial.
Una segunda mentira sería la afirmación del Gobierno de que no se va a pagar un precio político por el final de ETA. En realidad, el Gobierno ha pagado ya un alto precio político por el mero anuncio de cese de los atentados. La no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas como representación de ETA en el Parlamento vasco, la impunidad con la que Batasuna viene actuando en los últimos meses pese a estar considerada una organización terrorista, el acuerdo del Congreso de los Diputados invitando gratuitamente a ETA a iniciar un dialogo. Todo ello constituye un adelanto que Rodriguez Zapatero ha concedido a los terroristas para que le declaren un "alto el fuego".
Se ha pagado también un precio en términos judiciales: el cese de Fungairiño por oponerse a la celebración del congreso de Batasuna en contra del criterio del Fiscal General, la posición de la fiscalía del Tribunal Supremo a favor de las tesis de los abogados de ETA ante la reducción de penas o la no petición de cárcel para varios de los promotores de los altercados de la huelga general convocada recientemente por Batasuna.
Si esto es lo que se ha pagado mientras los terroristas se hartaban de poner bombas es fácil imaginar lo que el Gobierno parece dispuesto a pagar a partir del anuncio de alto el fuego: la legalización de Batasuna, el reconocimiento de la nación vasca, fórmulas ambiguas de reconocimiento de la autodeterminación en un nuevo Estatuto, creación de algún tipo de supraestructura entre País Vasco y Navarra y excarcelaciones de terroristas, entre otros posibles pagos.
La tercera mentira es el compromiso del Gobierno de mantener la vigencia del Estado de Derecho. Han pasado tan sólo unas horas desde el comunicado y el Fiscal General del Estado ya ha lanzado el mensaje de que jueces y fiscales deben tener en cuenta en sus decisiones la nueva situación. Esta afirmación la ha rematado el Secretario General del PSOE afirmando que "los jueces deben remar en la misma dirección que el Gobierno".
La Policía Nacional ya había de hecho tomado nota de la nueva situación incluso antes del último comunicado, inhibiéndose de elaborar informes de mínima entidad y rigor sobre los últimos sumarios abiertos: ilegalización del PCTV, congreso de Batasuna, huelga general. Esta falta de diligencia de los mandos políticos de la Comisaría General de Información estaba causando la desmoralización de muchos de sus miembros. El proceso en marcha no podría haber comenzado sobre bases más falsas.