La corrupción es un elemento más de las democracias, sí, y de cualquier otro régimen político, incluida la II República española. Está en el ser humano, y hay que saber convivir con ella. Ahora bien, lo que distingue a un régimen de otro en el tratamiento de la corrupción, es en la previsión de mecanismos para corregirla y, sobre todo, que quede la sensación en la opinión pública de que se ha hecho justicia. En ello se juega la credibilidad y la conservación del sistema.
Una de las características de la democracia es que se trata de un sistema que es capaz de garantizar el máximo de autocorrección. En teoría, no es posible la corrupción política permanente en un sistema democrático. Los mecanismos saltan, la sociedad se crispa, los adversarios políticos hacen saña. El Estado de Derecho asegura al ciudadano que el que mete la mano en la caja la paga. Sí, al menos eso parece, pero el deterioro institucional no se remedia. La democracia es una convención que necesita de un estado de ánimo, de un espíritu muy particular. Porque no se trata solamente de introducir en una urna un papel, es toda una actitud hacia la comunidad y hacia la política; una convicción de que los derechos individuales están reconocidos y garantizados. Perder ese espíritu es fácil, sólo falta que la ciudadanía deje de creer en los pilares y hombres del sistema. Y en este sentido trabaja la corrupción.
La eliminación circunstancial de la corrupción es una de las victorias de la democracia. Y si para ello es menester cambiar la ley electoral por decreto-ley, que se haga. Nos estamos jugando la credibilidad de las instituciones, de los partidos, de sus líderes. Nadie puede entender que se pueda manejar la justicia para negociar con ETA, que se olvide la ley de partidos para que Batasuna se reúna ilegalmente, o que el Gobierno pare por decreto ley la maniobra de E.On sobre Endesa, pero que no sea posible para la elección democrática del Ayuntamiento de Marbella.
¿Cómo se le puede pedir a la ciudadanía que entienda la ductilidad legal y judicial con ETA y, al tiempo, que no se pueda cambiar legalmente la ley electoral para limpiar un consistorio hundido en la corrupción? La ley está para servir a la democracia, no a la inversa.
La negativa del gobierno Zapatero a convocar elecciones en Marbella no deja de ser un deterioro de ese espíritu democrático. La decisión de poner al frente a una gestora, dirigida por socialistas, genera la duda más que razonable de que lo hace por puro interés partidista. Justamente lo contrario de lo que debería animar a un gobierno democrático a la hora de afrontar un caso tan grave de corrupción. Porque lo que debería ser la limpieza marbellí, el Gobierno y la Junta de Andalucía lo quieren convertir en una victoria electoral del PSOE en aquel municipio. No vaya a ser que se convoquen elecciones y gane el PP; sí, ese partido que no ha metido la manita en la caja, y que pide elecciones anticipadas junto a la mayor parte de los marbellíes.