Los acontecimientos de los últimos días, a mitad de la legislatura, marcan el rumbo definitivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caen las máscaras (Bono, a la espera de que Solbes siga el mismo camino) y se revelan las verdaderas intenciones, con Alfredo Pérez Rubalcaba al control del Ministerio de Interior justo después de que el despistado juez Del Olmo haya solicitado el reenvío de pruebas relacionadas con el 11-M y cuando la banda asesina ETA comienza a actuar como si estuviese ya legalizada, preludio de lo que ocurrirá cuando se manifiesten los resultados de las negociaciones del Gobierno con los terroristas.
Esta misma semana, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a hacer una mención a la II República. Su intención siempre ha sido enlazar la legitimidad de la democracia española no con su verdadera historia, que viene de la transición, sino con el fracasado experimento republicano. Un régimen contra el que se rebelaron los anarquistas en tres ocasiones, los socialistas y nacionalistas, Sanjurjo y finalmente los alzados del 17 de julio es escasamente un éxito para la convivencia. Es lógico, cuando su Constitución se elaboró desde las visiones de media España contra la otra media. Pero es precisamente ahí donde sitúa Rodríguez Zapatero su ideal, en un sistema político fracasado por sectario y por radical, dos de las esencias de su Gobierno.
Entonces, la visión de Azaña era que la República la debían gobernar los republicanos para el resto de España, y hoy la estrategia política del Partido Socialista consiste en aislar al Partido Popular y recurrir a lo que sea, incluso al guerracivilismo, con tal de desautorizarlo como alternativa democrática. Entonces había una derecha descreída, representada por Niceto Alcalá Zamora y otros, que para hacerse perdonar sus ideas renunciaron a denunciar incluso los extremos más violentos del sectarismo del régimen, un papel que hoy no queda sin representación.
Cuando terminó, tras producirse el inevitable hecho biológico, el régimen de Franco, se produjo una transición que partía legalmente del mismo, y que se desarrolló bajo la premisa de que había que mirar al futuro, reengancharse con la marcha histórica de los tiempos, y para ello crear una democracia en la que todos tuvieran el reconocimiento legal y moral a alcanzar democráticamente el poder. Se legalizó incluso al Partido Comunista, lo que demostraba la decisión del nuevo régimen por incluir a todos.
Jaime Mayor Oreja lleva tiempo explicando de antemano todo lo que ha ocurrido últimamente. El pacto del Gobierno con ETA, que el presidente Rodríguez no ha explicado, pero que mostrarán los hechos, pondrá a la banda asesina en el papel que jugó el Partido Comunista tras el fin del franquismo para hacer una segunda transición que nos lleve a un nuevo “pacto político” que cambie sustancialmente el que hemos mantenido las tres últimas décadas. Un pacto en el que el Partido Popular no tiene más papel que el de comparsa. Un pacto en el que la Constitución pierde su valor, porque se identifica con el “inmovilismo” y con un “obstáculo” a la paz, que vendrá precisamente del nuevo pacto. Con la ETA y con los nacionalistas. Para llevarlo a cabo sin fisuras, sin imprevisiones, Rodríguez Zapatero ha colocado en Interior al cerebro de la negociación del Gobierno con los terroristas, Rubalcaba, y frente al CNI a otro hombre de confianza, Alonso. El del viernes ha sido un cambio de Gobierno para culminar la segunda transición que busca Zapatero.
