Cuesta mucho trabajo tomarse en serio a un país en el que el presidente del Gobierno declara, sin sonrojo propio ni ajeno, que la inversión extranjera desequilibra la balanza comercial. Tanto cuesta que, en realidad, no lo hace nadie. De hecho, el loado consenso constitucional del 78 únicamente se sustentaba sobre esa premisa antropológica, la fe ciega en frivolidad colectiva de los españoles. Por eso, los "padres fundadores" a los que pomposamente se refiere Zapatero, redactaron el Título VIII tal como lo hicieron: en la certeza de que tampoco los suscriptores del BOE habrían de rehuir jamás la chanza perpetua. He ahí la razón de que la Constitución española sea la única del mundo que se fundamenta no en la soberanía popular, sino en un jocoso pacto para ignorar ad eternum los significados de las palabras en el DRAE.
Claro que los chistosos padres constituyentes sabían que las nacionalidades, simplemente, no existen. Por supuesto que les constaba que en todas partes hay regiones y hay naciones, igual que en ninguna nacionalidades. Sin embargo, se dieron a la guasa de mentarlas en papel timbrado, tan seguros estaban de que en España todo el año es carnaval. Y así fue durante un cuarto de siglo, hasta que llegó Zapatero y se creyó la broma. Ésa y no otra va a ser la gran paradoja durante la agonía de la Nación: que quien ha de destruirla resulte ser el único que cree, sinceramente, sin sorna, en la piqueta jurídica sobre la que se apoyan sus leyes.
Es demasiado fácil reírse hoy de la indigencia cultural e ideológica de ZP y su gente. Es casi tan sencillo como desenterrar en el panteón de Google lo que pensaban los santos laicos de la Segunda República sobre la realidad nacional de Andalucía: "Según eso, amigo Mairena –habla Tórtolez en un café de Sevilla– un andaluz andalucista sería un español de segunda clase. En efecto –respondió Mairena–, un español de segunda y un andaluz de tercera". Sin embargo, a nadie resulta tan cómodo preguntar quiénes forjaron esas campanas de difuntos que ahora doblan por nosotros.
Porque de los socialistas sólo cabe repetir lo ya que sentenciara Borges sobre sus iguales, los peronistas: no son ni buenos ni malos, simplemente, son incorregibles. Pero del glorioso Título VIII de nuestra Constitución sí se puede decir algo más. Por ejemplo, aquellas mismas palabras que pronunció el ministro de Hacienda de Azaña, refiriéndose a Juan March, cuando el mallorquín ya andaba apalabrando el precio delDragon Rapide: "O la República acaba con él o él acabará con la República".