Pocos meses después de la aprobar la Ley de Defensa Nacional que deja como principal herencia el dimisionario José Bono ha quedado demostrada la obsolescencia que ya denunciamos en el momento de su aprobación. Uno de los principales defectos de esta Ley, entre los muchos que tiene, es la restricción que impone al Gobierno para el uso de la fuerza militar más allá de nuestras fronteras. Cualquier despliegue de soldados españoles debía no sólo ajustarse a la legalidad internacional y estar amparado por una organización multinacional, sino que requería además la aprobación con carácter previo por parte del Parlamento. Pero este encorsetamiento del Gobierno, que pretendía así diluir sus propias responsabilidades en el mando de las Fuerzas Armadas, es totalmente contraproducente en una situación estratégica en la que la rapidez de la respuesta y la flexibilidad deben ser los principios para responder con eficacia a cualquier situación de crisis.
Como consecuencia de ello, el incumplimiento de los requisitos previstos en la nueva Ley de Defensa Nacional está siendo sistemático por parte del Gobierno. El caso más flagrante es la participación de una fragata española encuadrada en un grupo de combate norteamericano en operaciones militares en Irak. Este despliegue, que pasó de un mero ejercicio de adiestramiento a una operación real de combate, no sólo no fue comunicado al Parlamento, como exigía la Ley, sino que esa información ha sido negada cuando ha sido requerida por la oposición. El hecho es grave porque supone la primera vez que una unidad militar española participa en una misión de ataque en suelo iraquí, contradiciendo así, de forma flagrante, toda la demagogia que Rodriguez Zapatero ha hecho de este conflicto desde su inicio.
Tampoco el Parlamento ha sido informado del despliegue de tropas españolas en Mauritania para la construcción de un campamento de refugiados que permitiera acoger a los inmigrantes ilegales que en las últimas semanas había partido de sus costas con rumbo a Canarias. En este caso, la omisión puede estar justificada por razones de urgencia, pero el problema es que como sigamos en esta línea las excepciones a esta Ley se vayan a terminar convirtiendo en al regla. Por otro lado, transcurridas varias semanas desde ese despliegue, el Gobierno todavía no ha acudido al Parlamento a informar de esa operación como está obligado. Todo ello sin mencionar que el campamento levantado por los soldados españoles sigue vacío ante la incapacidad del Gobierno para devolver a los inmigrantes ilegales.
Ahora el Estado Mayor de la Defensa ha solicitado con urgencia al Gobierno aumentar el despliegue en Afganistán ante el deterioro de la seguridad en el área de responsabilidad española, algo que el GEES ya anticipó en estas páginas. Sin embargo, esta decisión se ha retrasado primero y negado en segundo término por la necesidad del Gobierno de acudir al Parlamento a solicitar permiso. Dios quiera que por este error no debamos lamentar en el futuro posibles bajas en las tropas españolas, pero es cada vez más evidente que la Ley de Defensa Nacional se ha convertido en una mayor vulnerabilidad para nuestros soldados cuando desempeñan misiones arriesgadas en el exterior. Esa Ley, que se aprobó sin consenso, debe ser modificada cuanto antes.