El juicio de hoy –huérfano de periodistas adictos al régimen entre el público asistente– ha dejado bien claro que el gobierno de Zapatero llevó a cabo "las primeras detenciones políticas de nuestra democracia", como bien ha afirmado Acebes. Es la nueva "democracia avanzada" de Zapatero, que reserva para los suyos el poder y la alabanza unánime de los medios y, a los desafectos, les envía directamente la policía. Sin duda, el presidente del Gobierno demuestra que, al definirse como "demócrata social", estaba efectivamente pensando en Girón de Velasco, ideólogo del falangismo, cuyo pensamiento Zapatero parece imitar incluso en la instauración de una policía política, émula de la franquista Brigada Político Social.
La izquierda política, social y mediática mostró ante la supuesta agresión una indignación excesiva para quienes siempre se negaron a condenar los actos de violencia real contra el PP, sus sedes y sus militantes durante la guerra de Irak, que eludieron calificando de "pequeños incidentes" y aludiendo al "daño que hacen las bombas". Es la hipocresía de quienes buscaban, ante todo, echar abajo el éxito de la primera manifestación contraria a los intereses de un gobierno dispuesto a la rendición con ETA. Esa es la razón detrás de la propaganda con la que, aquellos días, los socialistas acompañaron la detención de los dos militantes del PP.
El agredido imaginario se lamentaba de que a "algunas personas intransigentes, llenas de ira, les sabe a poco que al ministro le llamen asesino o le den unos puntapiés y unos puñetazos". Dicho y hecho; el comisario Ruiz, ascendido tras encontrarse milagrosamente en su comisaría la mochila de Vallecas, cuando un policía que quería hacer su trabajo objetó que en los vídeos no se veía nada, contestó que "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona". Y es que a Bono no hay quien le convenza de que la protesta por pertenecer a un gobierno que ya entonces comenzaba a negociar la rendición de España ante la ETA no es lo mismo que una agresión.
José Blanco, mientras tanto, afirmaba que las falsas agresiones eran "una forma cultivada de violencia". Exigía a la AVT que contribuyera "a identificar a las personas responsables" de aquellos inexistentes actos, esperando "que entre ellos no se encuentre ninguna persona vinculada a ningún partido". Dicho y hecho; tras identificar la cadena SER como militantes del PP a dos manifestantes situados en las fotografías cerca del ex ministro Bono, la policía pasó a detenerlos.
José Antonio Alonso nos aseguró, intentando esconderse detrás de un falso perfil de tecnócrata, que la policía sostenía "la existencia de motivos racionales y suficientes para entender que hay actividad delictiva", gracias a "su trabajo profesional". Dicho y hecho; se detuvo a dos militantes del PP porque los mandos policiales tenían claro que "el ministro quiere detenciones y las habrá".
Ante un caso tan grave como éste, parece ridículo tener que exigir un cese inmediato de los responsables directos de este torpe intento de tapar la boca a las víctimas del terrorismo deteniendo a quienes acuden a sus manifestaciones. Parece ridículo porque que Constantino Méndez y José Antonio Alonso hace más de un año que debían estar de patitas en la calle. No sirve la excusa de que este último ya no es ministro de Interior; tampoco seguía García Valverde en Renfe cuando tuvo que dimitir como ministro de Sanidad tras destaparse su implicación en el escándalo de las comisiones del AVE. Y, desde luego, tampoco debería volver a la judicatura alguien que considera que se debe detener a quienes no cometieron un delito que no existió. Por mucho que milite en "Jueces para la Democracia".
Con su ingenio habitual, Winston Churchill definió la democracia como el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta de madrugada, se sabe que es el lechero. Durante el régimen de Franco, en cambio, siempre podía ser la Brigada Político Social la que acudía al hogar con cualquier pretexto. El régimen que construye Zapatero está mostrando la tremenda nostalgia que le sacude al recodar esa época. El traje a rayas con el que se quiere vestir a la oposición política, contra todo derecho, demuestra que no es precisamente democracia aquello que busca implantar "el rojo" en España.