La ley de inmigración que aprobó la Cámara de Representantes ha convertido en un crimen ser inmigrante ilegal en Estados Unidos y ayudar o amparar esa ilegalidad. Incluso mucha gente que quiere ver restricciones serias en temas de inmigración y seguridad fronteriza, piensa que se ha ido demasiado lejos convirtiendo en delincuentes a los que administran comedores de beneficencia y guarderías si los inmigrantes ilegales usan sus servicios.
Está mal intentar que los ciudadanos se conviertan en los que tengan que hacer cumplir las leyes de inmigración, sea en grupos de iglesia o como empresarios. No pedimos que los ciudadanos hagan el trabajo de los bomberos o de la policía. ¿Por qué tendrían que hacer el trabajo que las agencias de inmigración y control fronterizo no hacen?
La disposición en la ley para declarar delictiva la ayuda a los ilegales, que afectaba a los que prestan una ayuda humanitaria eventual que está a disposición tanto de ciudadanos como de no ciudadanos por igual, nunca tuvo posibilidad alguna de sobrevivir dentro de una legislación inmigratoria que tiene que aprobarse por el Senado y por la Cámara, de modo que mucha de la histeria sobre esta disposición en particular ha sido exagerada.
En cuanto a los inmigrantes ilegales en sí, es mucho decir que no deberíamos "criminalizar" la actividad ilegal. Una cosa son los errores inocentes por cumplir con todo el papeleo que exigen las leyes de inmigración. No hace falta convertir a las personas que se equivocaron con algún requisito del visado o algún otro tecnicismo en delincuentes a los que se deba que encarcelar junto a curtidos criminales. Pero eso es muy distinto a decir que alguien que deliberadamente trepa un muro para cruzar nuestras fronteras deba escapar al castigo criminal.
Si las violaciones deliberadas y flagrantes de las leyes de inmigración americanas son consideradas sólo como delitos menores, en la práctica los jueces progresistas en todo el país darán simples tirones de oreja como castigo o suspenderán las sentencias en su totalidad. No parece probable que eso sea un verdadero elemento disuasorio.
La mofa a nuestras leyes simplemente se trasladaría de las fronteras o del centro de trabajo a los tribunales. Pero llevaría tiempo para que fuera conocido por el común esa parodia en nuestros tribunales, de modo que, mientras no se supiera del asunto antes de las siguientes elecciones, los políticos que pasen leyes suaves de inmigración habrán salvado el puesto.
Hay otro aspecto sobre el asunto de la inmigración que ha recibido poca o ninguna atención pero que de todas formas puede tener un serio impacto. La amnistía para muchos inmigrantes ilegales significa que no sólo tendrían los mismos derechos que los ciudadanos americanos, sino que también tendrían privilegios especiales.
Las leyes de discriminación positiva y sus políticas ya se aplican a algunos inmigrantes. Los miembros de una familia cubana multimillonaria han estado consiguiendo contratos gubernamentales reservados para empresas propiedad de minorías. Durante un período legislativo, la mayor parte del dinero pagado a compañías de construcción en Washington D.C. fue para empresarios portugueses bajo las mismas preferencias.
Los inmigrantes, miembros de grupos minoritarios latinos, asiáticos o de otras minorías tienen derecho legal a los mismos beneficios preferenciales que se les conceden a los miembros nativos pertenecientes a minorías. En el momento que ponen un pie en suelo americano, tienen derecho a recibir los beneficios que se crearon originalmente pensando en compensar a las minorías por las injusticias que habían sufrido en este país.
El estatus ilegal de muchos "trabajadores indocumentados" puede lograr que, al menos, sean reacios a pedir esos privilegios. Pero al quitarles la ilegalidad, se convierten no sólo en ciudadanos iguales a los americanos, sino en más que iguales. El acceso preferente a trabajos, contratos gubernamentales y admisión a las universidades están entre los beneficios del estado del bienestar que incrementan el coste de los inmigrantes y que los empleadores de "mano de obra barata" no cubren. Tenemos que pagarlos entre todos a través de impuestos y de otras maneras.
Incluso cuando los inmigrantes ilegales no exigen tratamiento preferencial, los empleadores están bajo la presión de contratar según la composición demográfica de la fuerza laboral local que incluye a estos "trabajadores indocumentados". Los empleadores están sujetos a penas legales si la composición étnica de sus empleados se sale mucho de la composición étnica de la población.
La "mano de obra barata" puede resultar siendo la más cara que este país jamás ha tenido.
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* Traducido por Miryam Lindberg
