Hay muchos políticos, sobre todo en la izquierda, que piensan que no son responsables de sus decisiones y actos, que están al margen de la ley y la justicia y que gozan de un estatus de impunidad. No es lo que deben estar pensando ahora los tres funcionarios de policía condenados por detención ilegal de varios militantes del PP, acusados falsamente de haber agredido al ministro Bono cuando se incorporó a una manifestación por las víctimas del terrorismo. Es cierto que el comisario jefe actuó seguramente movido por un afán de servilismo y muchas ganas de complacer al de arriba y "si el ministro dijo que le habían agredido, pues le habían agredido". También es cierto que los otros dos policías condenados pecaron de obediencia y por no oponerse a una medida que ya entendían era del todo irregular.
No se trata de discutir lo ajustado de su condena. La discusión debería apuntar ahora a los responsables políticos que incitaron su conducta delictiva. Ya ha dimitido el delegado del Gobierno, tras haber quedado expuesta la presión a la que sometió a la investigación en una dirección equivocada e ilegal. Pero no es de recibo que el entonces supuesto agredido y ministro de Defensa, José Bono, pueda seguir tan tranquilo en su casa. El fue el primero que mintió al hablar de puñetazos y agresiones y magnificar unos abucheos y empellones hasta convertirlo en un brutal linchamiento del que fue salvado por los pelos. Hoy no ha tenido ni siquiera unas palabras para los funcionarios cuyas carreras profesionales han quedado truncadas por sus mentiras. No por haberse retirado de la política en activo puede el señor Bono quedar impune de su responsabilidad en este asunto. Puede que su vida privada requiera un esfuerzo especial en estos momentos, como ha dicho, al haber sido deteriorada por el ejercicio intenso del poder. Pero el hecho es que él mintió para poder presentarse como una victima y seguir ocupando la cuota mediática por la que siempre se ha movido.
Otro que tampoco debe quedar impune fue su entonces compañero de gabinete, ministro de Interior y hoy su sucesor al frente de Defensa, el ministro Alonso, pues sus declaraciones de aquellos días avalaron plenamente la versión de José Bono, hoy comprobada falsa. Es más, como superior de los policías hoy condenados también debería explicar su inacción ante unos hechos punibles jurídicamente. Decir que confió en la palabra de su compañero de gobierno no es una excusa válida.
La condena viene a restablecer una cierta confianza en la judicatura. Pero que se preparen los jueces, porque Rodríguez Zapatero, como está demostrando todos los días, no es ni de los que olvidan ni de los que perdonan.