Se trata de la primera detención ilegal de militantes del principal partido de la oposición perpetrada por agentes policiales en la historia de nuestra democracia. Algo lo suficientemente grave como para hacer caer un gobierno –tal y como ha apuntado Esperanza Aguirre– y, desde luego, digno de ser denunciado ante el Parlamento Europeo, tal y como Ángel Acebes ha asegurado que va a hacer el PP, tras pedir la dimisión del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso.
Ciertamente, la sentencia por la que los tres policías han sido condenados a penas que oscilan entre tres y cinco años y medio de prisión, por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones, no sólo prueba la responsabilidad penal de los condenados, sino la falsedad de las declaraciones referidas al caso, tanto del delegado del Gobierno, como las de los entonces ministros del Interior y de Defensa.
Efectivamente, Alonso no hizo sino secundar las falsedades de Bono y de Constantino Méndez, en las que el ex ministro aseguraba haber sido agredido, y el delegado del Gobierno afirmaba que había indicios suficientes para proceder a la identificación y detención de los supuestos agresores. Unas declaraciones sobre las que la sentencia afirma que "no se correspondían a la realidad" pero que, por tratar de hacerlas realidad, los condenados manipularon los testimonios y hasta cesaron a un responsable policial por no querer hacerse cómplice de esa detención ilegal.
Al margen de las responsabilidades políticas que el gobierno del 14-M debería asumir por los delitos perpetrados por sus subordinados contra los dos militantes del PP, está el hecho de que la comisión de aquellos delitos no tenía más lógica que la de servir a la estrategia propagandística del gobierno de ZP, un gobierno tan empeñado en neutralizar y desprestigiar al PP y a las víctimas del terrorismo como lo estaba en llegar al pacto-tregua con la organización terrorista ETA.
Si por desbancar al PP, el PSOE de Zapatero no dudó en hacer el juego a los autores del 11-M, y ahora hasta elogia a proetarras como Arnaldo Otegi, ¿hay que sorprenderse de que los policías creyeran que iban "a tener problemas" con sus superiores si no detenían a los dos militantes del PP?
Ciertamente, las detenciones ilegales de militantes de la oposición no tendrán parangón en otras democracias occidentales, pero tampoco lo tienen el origen, las alianzas y el ejercicio del poder de este gobierno.
