La bochornosa falta de vigilancia de los plazos y límites temporales de las situaciones de prisión provisional por parte del juez Del Olmo, que ha tenido como consecuencia la excarcelación del imputado por el 11-M Saed El Harrak, no es más que una muestra del auténtico desbarajuste e incompetencia que destila toda la instrucción del caso. ¿Qué se podía esperar de un juez que, dos años después del inicio de la instrucción sumarial, daba orden a todas las comisarías del país para que le remitieran "cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento que se haya obtenido en el transcurso de las investigaciones por los atentados del 11 de marzo y del 3 de abril de 2004"? Todo ello para limitarse y proceder, escasos días después, a dictar el auto de procesamiento contra 29 de los 116 imputados en la causa.
Pese a la falta de confianza que reflejaba aquella orden judicial respecto a lo que algunos agentes policiales le habían suministrado hasta entonces, al juez le ha resultado más cómodo seguir dejándose guiar por quienes le han ocultado o manipulado no pocas y decisivas pruebas de cargo, tales como la cinta coránica, el Skoda Fabia o la bolsa de Vallecas. Del Olmo tampoco ha mostrado interés alguno por interrogar al confidente Cartagena o a los policías que vieron vacía la Kangoo o a los que escucharon a Trashorras decir que El Chino conocía a los etarras detenidos en Cuenca.
No faltan, efectivamente, razones para que Del Olmo sea, definitivamente, apartado del caso. Son las mismas por las que muchos querrán que su incompetencia siga, en solitario, haciéndose cargo.
