Algunas de las peores distorsiones a los mercados en América Latina se han creado a causa de una política amistosa de gobiernos y políticos hacia ciertos empresarios. Ser amistoso con los intereses de los grandes magnates no es lo mismo que ser partidario de los mercados libres y del Estado de Derecho.
El éxito de un empresario suele medirse en la última línea del estado de resultados: los beneficios del negocio. El éxito de una política económica, en cambio, debe medirse en los beneficios que reciben los consumidores.
En ocasiones, afortunadas, hay empresarios que obtienen cuantiosas ganancias sirviendo mejor a los consumidores; por lo general se trata de emprendimientos basados en la productividad, que genera mayor valor que, a su vez, se revierte a favor de los consumidores, en la forma de mejores precios y calidades, y que benefician al empresario (o al accionista) mediante una mayor participación en el mercado, ya que se explotan eficientemente las economías de escala.
Pero en otras ocasiones, más frecuentes en la historia de América Latina, las grandes ganancias del empresario se obtienen de las rentas y de los beneficios que se le escatiman al consumidor gracias a un estado de cosas que permite al empresario operar en mercados cautivos o percibir subsidios directos o indirectos de parte del gobierno, que no son trasladados al precio final al consumidor, sino a esa línea al final del estado de resultados: los beneficios.
Está claro que para que existan este género de grandes negociantes de rentas, que en el fondo no actúan de forma muy distinta a la de los líderes del sindicalismo corporativista, deben existir gobiernos "amistosos" con tales negociantes, que les complacen manipulando tipos de cambio, tasas de interés, aranceles a la importación y legislaciones restrictivas para la entrada de nuevos competidores al mercado.
Por eso, cuando algún candidato a la presidencia de la República en México, como es el caso de Andrés M. López Obrador, pretende "tranquilizar" a los mercados presumiendo de su amistad con tal o cual magnate, con el que asegura sin rubor que ya se ha puesto de acuerdo, lo que revela es que desconoce o desdeña los intereses de los consumidores. Al magnate le pueden convenir precios artificialmente bajos de los productos energéticos, pero eso puede ser ruinoso para los contribuyentes. Al magnate le puede convenir la construcción de ostentosas obras públicas –trenes, puentes, pasos a desnivel– que no estén sujetas a un riguroso análisis costo-beneficio, pero eso suele ser desastroso para los consumidores y para los contribuyentes. Al magnate le puede convenir que se manipule la moneda para ser presuntamente más competitivo en los mercados del exterior, pero eso es criminal en contra de los asalariados y de los consumidores.
No hay que confundir el libre mercado con el capitalismo de compadres; ni siquiera con cierta actitud "amistosa" hacia los hombres de negocios. La piedra de toque es el beneficio del consumidor. No hay otra.