Carmelo González, un vecino de Barcelona, lleva casi un año reclamando por la vía legal que su hija pueda estudiar en castellano. Casi un año ejerciendo esta “abusiva” pretensión, sin que el tripartito Gobierno catalán, la cuatripartita alianza parlamentaria catalana, el padrino de la Moncloa, sus “brokers” y exactores, hayan querido darse por enterados. Ante el desafuero de los gobernantes, don Carmelo, que es un valiente, se plantó en plena plaza “Sant Jaume”, frente al Palacio de la Generalidad (y con el del Ayuntamiento a su espalda). Y allí, en el núcleo geográfico del poder catalán, tomado ahora por el nacionalsocialismo, hizo huelga de hambre para apoyar su justa demanda. Una huelga de veinticuatro horas, que comenzó el viernes a las 16.00 horas y se habrá por tanto encabalgado con las dieciséis primeras horas de la jornada de reflexión, previa al referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Naturalmente, intentaron desalojarlo. Primero, fueron las escuadras independentistas, al delicado grito de “puto inmigrante español” (Por cierto, ante la proliferación de buscadores y recaudadores de deudas históricas, ¿para cuándo y cómo saldará Cataluña su deuda histórica con tanto “puto inmigrante” que, bajo el régimen del General Franco, contribuyó tan decisivamente a su desarrollo industrial?). Después fueron otras escuadras, la policía oficial, los “mossos”, quienes lo intentaron. Tampoco lo consiguieron. González no se movió. Ni siquiera invocó la Constitución, teóricamente vigente (“el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, art. 3.1). Prefirió acogerse a una declaración de la UNESCO: “La educación en lengua materna reduce el riesgo de fracaso escolar”. ¿Estará la UNESCO también dominada por los putos españoles?
Pero, hay que reconocer que ha sido afortunado. Obsesionados con la lengua, no repararon las escuadras policiales en otros elementos anatómicos ni en la economía fisiológica. Mientras tanto, “El País”, más sabio y alerta, se hace eco de la queja de una conspicua lectora a quien le molesta la publicación de fotografías de modelos femeninos muy delgadas. El argumento de la queja es que tales fotos inducen comportamientos anoréxicos. El periódico simpatiza con su lectora. Es más, está comprometido con no publicar fotos de modelos que usen tallas inferiores a la 38. Figúrese, don Carmelo, que la policía catalana leyese, como debiera, tan ilustre diario. Lo hubiese acusado de inducir a la anorexia con su huelga de hambre. Ni la UNESCO podría ampararle.
No extrañe, pues, nuestro huelguista que el papel gubernamental no se haga eco de su protesta. Nada de huelgas de hambre; nada de modelos inferiores a la talla 38; nada, tampoco, de modelos gordas, supongo, porque incitarán a la obesidad; nada de violencia; nada de inseguridad ciudadana, nada de protestas de víctimas del terrorismo, nada que no satisfaga los estándares de bondad progre. Qué sería del pobre ciudadano ante tanta información obscena. ¿Cómo podría defenderse?, ¿cómo podría decidir por sí mismo lo que le interesa y lo que no; lo que le parece bueno y lo que le parece malo?. Nuestro mundo feliz, que predijo Husley, sólo admite ciudadanos ni gordos, ni delgados, sin otra información que, la muy correcta, de “El País”, y sin otros comportamientos que los recomendados previamente por sociatas y nacionalistas.
