Los datos sobre Venezuela que ofrece la edición de 2006 del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation son realmente descorazonadores y deberían hacer pensar un poco a los gestores de su política económica sobre el desastre al que están conduciendo a su país. Una nación con inmensos recursos naturales y con una gran riqueza petrolífera ha visto en los últimos años cómo caía su renta per capita, a pesar de que los precios del petróleo subían de forma considerable. Pero en Venezuela todo parece subordinarse a la política y al objetivo de Chávez por controlar todos los aspectos de la vida del país, empezando naturalmente por la economía.
En el índice de la Heritage Foundation Venezuela ocupa el puesto 152 sobre un total de 157 países analizados, con una puntuación de 4,16, en un modelo en el que el grado más bajo de regulación se valora como 1 y el más alto como 5. Con peor resultado que Venezuela se encuentran solamente Zimbawe, Birmania, Irán y Corea del Norte, lo que no dice precisamente mucho a favor del país hispanoamericano. Si pensamos que hace diez años el índice venezolano era de 3,23, no es difícil apreciar el grado de deterioro de la situación económica del país. Con unos precedentes no especialmente brillantes, el país se encamina a una economía controlada por el Estado que podrá seguir subsistiendo durante muchos años gracias a las reservas de petróleo, pero que en ningún caso permitirá al país aprovechar la oportunidad excepcional que le ofrecen los altos precios del crudo.
En esta situación Chávez ha amenazado a cuantos venezolanos tuvieron la posibilidad –y el sentido común– de sacar su dinero del país antes de que las medidas del gobierno lo hicieran imposible. “Que se preparen los oligarcas, si no repatrían sus capitales e invierten su dinero en Venezuela”, ha dicho el presidente. Pero Chávez debería leer lo que dice el Índice de Libertad Económica en su apartado Flujos de Capital e Inversión Extranjera: “Los cambios políticos y económicos introducidos por la administración de Chávez han generado incertidumbres entre los inversores potenciales”. Entre estos cambios se incluyen la necesidad de notificar al gobierno cualquier nueva inversión que se lleve a cabo, la existencia de restricciones y de límites cuantitativos a la inversión extranjera en numerosos sectores o la fijación del número máximo de trabajadores extranjeros que pueden ser empleados por las empresas. Por otra parte, el gobierno ha reforzado su control sobre muchos sectores básicos de la economía venezolana, en especial el petróleo, la minería, la industria petroquímica y la del aluminio. Además se han expropiado tierras y se ha obligado a empresarios extranjeros a crear empresas conjuntas con inversores locales. Y, por si todo esto fuera poco, en Venezuela existe un rígido sistema de control de cambios, con el que se regulan desde el gobierno todos los movimientos de capital, de empresas y particulares, y se restringe de forma radical el dinero que puede sacarse del país incluso para actividades como el turismo o los estudios en el extranjero.
