Uno de los testimonios más reveladores –y silenciados– de la relación, no sólo ideológica, sino táctica e instrumental, del PNV y ETA, nos lo ofreció hace unos años el profesor Fernando Reinares –asesor del Ministerio del Interior hasta la llegada de Rubalcaba– en su libro "Patriotas de la muerte". Según confesaba uno de los muchos etarras entrevistados en aquel libro, el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, mantuvo en 1979 una reunión con los dirigentes de la organización terrorista para solicitarles que pusieran fin al cese temporal de los atentados que habían declarado mientras se negociaba el Estatuto de Autonomía del País Vasco: "Que Arzalluz fuera a Iparralde a decirnos que teníamos que romper la tregua y empezar a darles caña, porque las cosas del Estatuto iban muy mal, es uno de los hechos que nos hacen pensar que hemos conseguido cosas con nuestras acciones".
También se jactaba uno de los presos entrevistados de que "ETA logró sentar a todo un Gobierno en la mesa de Argel, en la negociación", refiriéndose a las fracasadas conversaciones mantenidas en enero y abril de 1989, en la capital de Argelia, en las que, según Reinares, "la banda armada obtuvo –pese a todo– un importante reconocimiento interno e internacional al ser aceptada como interlocutor válido por un gobierno democrático cuyas funciones asumía en aquellos momentos el Partido Socialista Obrero Español".
Hoy en día, cuando el Gobierno del 14-M no sólo se dispone a cometer de nuevo el error de considerar como "interlocutor válido" a ETA, sino a hacer concesiones jurídico-políticas al separatismo vasco, no hay que extrañarse que socialistas, como López Garrido, hayan salido a la palestra a defender al PNV frente a las citaciones de sus dirigentes, Gorka Aguirre y Xavier Arzalluz –en condición de imputado y de testigo, respectivamente– por un delito de colaboración con ETA en relación a su red de extorsión.
Por mucho que ya hace años Arzalluz se jactara de que "unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces", ¿cómo no va el PSOE a defender al PNV si, para empezar, el Gobierno del 14-M está enalteciendo el chantajista alto el fuego de ETA con los ropajes de la paz? ¿Pero qué credibilidad moral y política se le puede otorgar a López Garrido respecto a la relación de los dirigentes peneuvistas supuestamente implicados en el llamado "impuesto revolucionario", si son el PSOE y el Gobierno del 14-M los primeros en negarse a reconocer la existencia misma de la extorsión que los empresarios han padecido con posterioridad al comunicado del alto el fuego? Pero si por no ver –y que no veamos– la presión a la que les someten sus chantajistas compañeros de viaje, los socialistas no quieren ni hacer mención de los atentados de kale borroka que están padeciendo los juzgados de Amorebieta y ¡hasta su propia sede de Baracaldo!
Es el Gobierno de Zapatero el principal responsable político de que policías, como Telesforo Rubio, o fiscales, como Cándido Conde Pumpido, se inhiban ante el chantaje de ETA y no secunden las labores de investigación de jueces como Grande Marlaska en defensa de nuestro Estado de Derecho. Si el PNV es y será el recolector político de ETA, Zapatero hace tiempo que ya ha empezado a entregar las nueces que cuesta su falsa paz electoral.
