Quien iba a decir hace diez años que un grupo empresarial hindú, Mittal Steel, anglo-hindú en este caso, sería capaz de lanzar una OPA sobre una de las mayores siderúrgicas del mundo, Arcelor (formada por la española Aceralia, la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed), y, además, mejorar el precio en varias ocasiones. Quién iba a decir, además, que un grupo ruso siderúrgico ruso, Severstal, iba a entrar también en la pugna por el líder europeo en la producción de acero. Sin embargo, esta es la realidad en estos comienzos del siglo XXI. Países como la India o Rusia, que hasta ahora asumían el papel de receptores de inversión y de vendedores de empresas, pasan a ser también compradores de otras compañías; mientras que las naciones de empresas compradoras a nivel internacional ahora ven como las sociedades con pasaporte europeo pueden ser adquiridas por compañías procedentes de lo que, en el mundo económico, se denominan países emergentes. Es la realidad de la globalización, una realidad que debería suscitar un proceso de reflexión sobre la empresa española y su futuro en el seno del Gobierno.
A lo largo de los últimos decenios, las empresas españolas han aumentado su tamaño de forma considerable, se han internacionalizado y se han convertido en actores principales de operaciones corporativas a escala internacional en las que, en muchos casos, su papel es del de compradoras. Ahí está, sin ir más lejos, la OPA de Ferrovial sobre el operador de los aeropuertos británicos BAA, el anuncio hecho este lunes por la constructora OHL de una próxima adquisición de dos constructoras en Florida (Estados Unidos) y de un aeropuerto en México, las adquisiciones de Bell South, O2 y Cesky Telecom por parte de Telefónica en los últimos dos años, o las compras de bancos que están realizando el Santander y el BBVA tanto en Estados Unidos como en Europa. En éstas, y otras muchas operaciones, la competencia de las compañías españolas era, podríamos decir, estándar, es decir, procedía de empresas de otros países avanzados. Sin embargo, la OPA de Mittal ha puesto de manifiesto dos cosas: que hay otros competidores procedentes de países con los que antes no se contaba y que pueden comprar en cualquier parte del mundo, incluso en los santuarios europeos y estadounidenses, por mucho que les moleste a los gobiernos de turno, como ha sucedido con los ejecutivos francés, español y luxemburgués en el caso de la OPA sobre Arcelor.
Ante este fenómeno, la reacción equivocada es la adopción de medidas para proteger a las empresas nacionales de OPAs procedentes del extranjero, como está haciendo el Gobierno español en el caso de Endesa respecto al intento de adquisición por parte de la alemana E.On, porque esa protección desencadena en otros países el sentimiento de ser tratados injustamente y de que ellos solo cuentan a la hora de que les compren empresas o inviertan en ellos, pero no cuando ellos quieren dar el salto hacia fuera. La rusa Gazprom se ha expresado en estos términos recientemente ante las dificultades que encuentra para comprar empresas de la Unión Europea, si bien no tiene en cuenta que la UE ve con bastantes malos ojos la venta de compañías a sociedades en cuyo capital está presente el Gobierno de una nación, o éste controla la compañía, como es el caso de la gasista rusa. En el mundo de la globalización, estas actitudes son un lujo que los países europeos, y España más en concreto, no se pueden permitir porque podrían conllevar dificultades para nuestras empresas en las importantes economías emergentes: importantes por su volumen de población (la de India más que duplica la de la UE) y por sus posibilidades de desarrollo económico y, por tanto, de negocio.
La respuesta lógica, por consiguiente, consiste en una política pro-empresas desde el Gobierno. Pero, en España, esta necesidad combina mal con los intentos que ha llevado a cabo el Ejecutivo para desplazar de su puesto a presidentes de compañías privatizadas (BBVA) o para promover operaciones corporativas detrás de las cuales no hay más que intereses políticos (OPA de Gas Natural sobre Endesa). Estas acciones no hacen más que debilitar a las compañías con pasaporte español cuando lo que necesitan es fortalecerse. La adquisición de la italiana BNL por parte del BBVA, o de Edison por parte de Endesa, se fueron al garete, precisamente, por las movidas desencadenadas por el Ejecutivo de Zapatero contra estas sociedades. Y los constantes rumores de OPA sobre Repsol se han desencadenado debido a que Zapatero ha puesto en peligro a todo el sector energético español con la actuación parcial e interesada de su Gobierno en la OPA de Gas Natural sobre Endesa.
Esa política pro-empresas exige también, por parte del Gobierno de Zapatero, una actitud más abierta hacia las compañías procedentes de otros países. Hace unos meses, los embajadores de Estados Unidos y Alemania se quejaron del trato desigual que sufrían en España las compañías procedentes de sus respectivos países cuando allí, sobre todo en Estados Unidos, las empresas españolas estaban adquiriendo empresas locales (véase las constructoras) o haciéndose con importantes concesiones (la autopista de Chicago por parte de Cintra) sin problemas. Sin esa reciprocidad, será difícil que, en el futuro, las empresas españolas puedan seguir creciendo y ser compradoras en lugar de víctimas de operaciones corporativas.
Por último, el Gobierno de Zapatero debe tener una política exterior pro-empresas, cosa que no está haciendo por voluntad propia. El Ejecutivo debería haber defendido los intereses de Repsol frente a la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente boliviano Evo Morales, pero no lo ha hecho, ni tiene aliados que le ayuden ante semejantes circunstancias que pueden volver a repetirse en cualquier momento en muchos lugares de Latinoamérica (que se lo pregunten si no al presidente de Repsol, Antoni Brufau, quien, al conocer la noticia de Bolivia, salió corriendo hacia Argentina para garantizar allí inversiones y todo lo habido y por haber con tal de que el ejecutivo de Néstor Kirchner no haga lo mismo con los yacimientos de petróleo propiedad de Repsol a través de YPF, tal y como pide la oposición argentina). Además, la política exterior española debería buscar la presencia de España en los organismos internacionales que gobiernan la globalización, como el G-8. Por desgracia, la filosofía de política exterior en este ámbito es tercermundista, es la de buscar amistades con quien menos nos conviene y promover la influencia española a través del idioma, la cultura y la ayuda al desarrollo que, efectivamente, son importantes pero no suficientes para defender de manera adecuada los intereses y la presencia española en el exterior, en los que las multinacionales españolas juegan un papel muy destacado.
El Gobierno de Zapatero debería reflexionar a fondo sobre estas cuestiones si no quiere ver como, de forma paulatina, las empresas españolas van cayendo en manos de compañías de otros países, incluidos los emergentes, un proceso ante el cual la única defensa es una política pro-empresas, no una protección absurda con la que lo único que se consigue es condenar a España a perder respecto a las naciones más avanzadas todo el terreno ganado en los últimos diez años, que es mucho.