La retahíla de descalificaciones que socialistas y separatistas vascos están dirigiendo al juez Marlaska por su firme fidelidad al Estado de Derecho, en contra de la extorsión etarra y de la vulneración de la Ley de Partidos, nos haría recordar la tradicional descalificación batasuna al poder judicial si no fuera por los indignos antecedentes que ya protagonizaron tanto socialistas como nacionalistas con ocasión del "caso Parot". Entonces dirigieron sus exabruptos contra el presidente del Tribunal Supremo y el cesado fiscal Fungairiño, por negarse ambos a secundar las tesis de la defensa del sanguinario etarra, a la que sí se había sumado –¡cómo no!– el gubernamental fiscal general, Cándido Conde Pumpido.
Si Ramón Jáuregui ha desacreditado al juez Marlaska calificando de "muy sorprendentes" sus actuaciones contra los empresarios que supuestamente financiaron a ETA, ¿qué valor moral, político y jurídico hemos de atribuir a la "capacidad de sorpresa" de este dirigente socialista vasco? Pues el mismo que daríamos a una persona que, como el propio Jáuregui, considera muy normal que su partido establezca contacto político con una formación ilegalizada en España, integrada en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, o que quita importancia al terrorismo callejero, calificándolo de "incidentes" y de "cosas que se han producido muy puntualmente".
El secretario general de los socialistas vascos en Guipúzcoa, Miguel Buen, también ha intentado desprestigiar al juez Marlaska por considerar "delito" un "gesto humanitario" como el que, según él, habría tenido el dirigente del PNV imputado por brindarse como intermediario en la red de extorsión de la organización terrorista.
Podríamos recordar aquello de que "el infierno está empedrado de buenas intenciones", pero si socialistas y separatistas llaman "proceso de paz" a hacer el juego al chantajista "alto el fuego" de los terroristas, ¿nos hemos de extrañar de que también consideren un "gesto humanitario" la colaboración con banda armada que supone prestarse de intermediario en la extorsión?
Mientras tanto Zapatero –responsable máximo de la degradación democrática y del acoso al Estado de Derecho que padece el país–, se mantiene casi tan oculto como pretende mantener la extorsión, el terrorismo callejero y las exigencias que sus compañeros de viaje imponen a su chantajista "alto el fuego". A estas horas sólo sabemos que Zapatero ha hecho suyo el ultimátum publicado en Gara para que inicie ya, de forma pública y oficial, los pagos de esta paz condicionada. Así lo confirmó el Gobierno diciendo que Zapatero "informaría" esta misma semana en el Parlamento del inicio de esa infame negociación, sin que sepamos aún el día y el formato que otorgará a esta institucionalizada y silenciada traición a las víctimas y a nuestra libertad.
