La principal y quizá única justificación de la existencia del Estado es la garantía que ofrece sobre el uso de la violencia. Al estar su uso legítimo encauzado a través de diversas instituciones –Ejército, Judicatura, Derecho, Policía, etc.–, se evita que los más fuertes se impongan a los débiles. Si algo ha quedado contrastado en estos dos años y medio de zapaterismo es que los socialistas están haciendo bien poco por justificar la mera existencia de la estructura de poder que ahora ocupan.
La última manifestación de esta inoperancia en garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos ha sido la huelga salvaje del aeropuerto barcelonés de El Prat. Como ya sucediera el año pasado con las violentas huelgas de camioneros y pescadores, la conducta criminal de los huelguistas ha sido bien recompensada. Si el derecho a huelga no implica, como evidentemente no lo hace, permiso para bloquear un aeropuerto entero, el Gobierno debería haber desalojado inmediatamente las pistas ocupadas por esos delincuentes que se dicen trabajadores para que, al menos, los viajeros que habían adquirido billete en compañías distintas a Iberia hubieran podido irse. Sin embargo, una vez más, los fuertes han logrado lo que querían por medio de la fuerza contra los más débiles, los pasajeros.
Urge desde hace años una ley de huelga que prohíba con penas de prisión la presencia de piquetes "informativos" y una ley de sindicatos que les impida seguir viviendo de la sopa boba del Estado y que elimine esa figura antisocial llamada "liberado sindical". Como poco. Pero si el Gobierno cede ante ETA mientras desprecia cualquier manifestación masiva pero pacífica de descontento con sus decisiones, ¿cómo no vamos a tomar nota todos de que la violencia obtiene réditos? ¿Nos ha de extrañar que, por ejemplo, resucite ese GRAPO que se daba por difunto?
