La libertad de enseñanza es una forma más de defender los derechos individuales y, por tanto, es propia de las sociedades occidentales. Que el dinero recaudado para la educación siga a los alumnos al centro por el que opten sus padres, que la homologación de los centros se base en los resultados de los alumnos o que los centros con mejores resultados puedan quedar exentos de las regulaciones estatales son, al fin y al cabo, libertades de personas y empresas que permiten la libre competencia y la mejora de la oferta educativa.
Sin embargo, la guerra de religión declarada a Occidente por el islamofascismo, unida a la llegada de una inmigración de origen islámico con fuertes componentes yihadistas, ha abierto en países como Holanda –precursor de la libertad de enseñanza– un debate en torno a los límites del pluralismo en la educación. La entonces diputada liberal holandesa Ayaan Hirsi Alí, de origen somalí, criticó la libertad de enseñanza porque, lejos de ayudar a integrar a los inmigrantes en las sociedades modernas, financia colegios islámicos extranjeros que rechazan la integración y que mantienen a los musulmanes en su atraso. Lo que Ayaan Hirsi Alí sostiene es que la libertad de enseñanza supone un riesgo para una sociedad compartimentada entre ciudadanos occidentales e inmigrantes de teocracias islámicas que pretendan asemejarse lo más que puedan al ideal de vida árabe del siglo VII. ¿Pero debemos limitar nuestras libertades educativas para asimilar la inmigración de origen islámico? ¿Debemos limitar nuestra libertad de enseñanza?
La libertad de enseñanza, como cualquier otra libertad, debe estar supeditada al imperio de la ley y a los principios constitucionales. Si un centro educa en el odio a Occidente y en la discriminación de las minorías no es que no deba financiarse, es que no debe autorizarse. No se puede acoger a la libertad de enseñanza sencillamente porque atenta contra la libertad y contra la enseñanza. Ahora bien, autorizado un centro de acuerdo a unos criterios objetivos, establecer otros distintos para financiarlo es dar al Estado la potestad de elegir qué padres –qué contribuyentes– pueden acceder al dinero destinado a la educación de sus hijos y cuáles no. Lo que tiene que controlar el Estado es que se cumplan nuestras leyes en los colegios musulmanes y lo que tiene que hacer una sociedad que no quiera ser caldo de cultivo de los fundamentalistas del Islam es evitar que estos centros proliferen.
Existe un riesgo objetivo de que un colegio inspirado en el Corán y en la sharia eduque en ideas contrarias a la ley y a los derechos humanos, que consideramos universales. Por tanto, aplicar a estos centros controles preventivos que garanticen el respeto hacia unos los derechos y libertades fundamentales no sería una intromisión en la libertad de empresa ni mucho menos una discriminación religiosa hacia los musulmanes, sino precisamente una garantía de igualdad ante la ley para los alumnos del centro. Un símil sería la propuesta que hizo en Holanda la VVD (la derecha liberal), de establecer controles sanitarios obligatorios para las niñas de origen musulmán, con el fin de evitar que se les practicara la ablación del clítoris. No se quería discriminar a estas niñas, ni recortar sus libertades, sino garantizar que no se vulneraban sus derechos ni dentro ni fuera del territorio holandés.
Sería fundamental que, de proliferar los colegios musulmanes, el Estado realizara controles a sus alumnos sobre los valores impartidos en estos centros, sobre si el nivel académico de niños y niñas es similar, y cuantas otras medidas garanticen el cumplimiento de la ley. Y si se está educando en ideas contrarias a la ley, se cierra el centro. En España es muy claro el artículo 27.6 de la Constitución: se reconoce la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Sin duda resulta más complicado todo este control que limitarse a no subvencionar colegios musulmanes pero, como dijo Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Este control se justifica también en términos de seguridad, es decir, de proteger nuestras libertades individuales. No hay que olvidar todas las células de Al Qaeda detenidas tras el 11-S en Europa,Eurabia, un continente con casi 20 millones de musulmanes. Tampoco hay que olvidar que los autores de los atentados del 7-J en Londres y los del fallido complot para hacer estallar aviones llenos de personas inocentes eran musulmanes inmigrantes de segunda o tercera generación, aparentemente integrados en esa sociedad "multicultural" británica que permite colegios islámicos e imanes yihadistas. Un modelo de sociedad que acogió el yihadismo y que dio pasaporte británico a los musulmanes que, en un momento dado, decidieron inmolarse matando al mayor número posible de occidentales para alcanzar ese cielo de mujeres perpetuamente vírgenes que Alá promete a los hombres.Ahora bien, que el Estado no deba tomar partido por unos u otros proyectos educativos y se limite a controlar si están dentro de la ley no implica que la sociedad deba permanecer inmóvil ante la islamización de la educación que reciben los inmigrantes en Europa. Sin embargo, nadie mueve un dedo para impedirlo. En España pueden darse por satisfechos quienes afirman que no somos quién para criticar "otra cultura" y menos para atrevernos a transmitir la nuestra, quienes ven diversidad y no atraso en las cada vez más numerosas mujeres que transitan nuestras calles con la cabeza tapada, quienes no oyen, o no quieren oír, a los cada vez más numerosos imanes que celebran la yihad y que nos enseñan a pegar a las mujeres.
El "multiculturalismo" está de enhorabuena en España: la Embajada de Arabia Saudí, de un régimen criminal y despótico, acusado de financiar secretamente a Bin Laden y que promueve mezquitas yihadistas en todo el mundo, está tratando de comprar colegios privados en España para reconvertirlos en escuelas islámicas que enseñen el Corán y la sharia. Toda una generación de inmigrantes musulmanes aprenderá la ética, la filosofía y la historia del pensamiento occidental y la historia de Al Ándalus y de los Reyes Católicos en un colegio islámico perteneciente a un país islamista.
Si queremos evitar que los musulmanes reciban en España la misma educación que hubieran recibido en Arabia Saudí, lo primero que tenemos que hacer es no vender nuestros colegios a los islamistas, que la sociedad presione a los propietarios de los colegios para evitarlo. Si hay yihadismo donde hay inmigración islámica, aunque estudien en colegios públicos, ¿qué saldrá de un colegio árabe que enseña la sharia a los musulmanes inmigrantes, a sus hijos, y a los hijos de sus hijos? En casos como éste, en que se trata de un país que viola los derechos humanos, creo que sí estaría justificada una intervención de los poderes públicos.
Si consideramos universales los derechos humanos, y estos forman parte de nuestro ordenamiento, ¿no deberíamos limitar la presencia de los regímenes que los violan en nuestro país?
