Gángsteres los hay de muchos tipos. Los hay públicos y privados, pero todos usan la violencia para imponer sus gustos, intereses y decisiones. Los privados son difíciles de localizar. Frecuentemente comienzan sus actividades sociales de forma pacífica. Se dedican a cubrir la demanda de una necesidad cuya oferta ha sido prohibida por los delegados del pueblo. No tienen miedo a la ilegalidad y deciden ofrecer al consumidor lo que pide. Pero el oscuro mundo del crimen invita a estos mafiosos a usar su red de negocio y de seguridad fuera del ámbito de las relaciones voluntarias. Cuando el mafioso da ese paso se convierte en un gángster privado.
El público es mucho más fácil de localizar. Se desplaza en coche oficial, tienen escaño, cartera ministerial y en ocasiones hasta cuenta con palacio presidencial. Emite rimbombantes discursos y dice hablar en nombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sale en las noticias, se mezcla entre la vanguardia artística, causa admiración y suele levantar pasiones. Su imagen destella siempre un halo de grandeza. Es la majestuosidad hortera que adquiere con su poder para cambiar las leyes al margen de la Ley.
Si el resto de la población ignorase sus mandatos, los gángsteres públicos desaparecerían. Pero no es fácil. El mero hecho de ser elegido como mandón confiere el control del monopolio de las fuerzas del orden público y de la defensa nacional y nadie sabe de antemano qué apoyo puede tener una campaña que consista en ignorar al poder estatal. Así que la mayoría de los individuos honestos terminan optando por pasar por el aro que les muestran quienes han agarrado el poder político a través de la aritmética para usarla contra una buena parte de la ciudadanía. Eso o salir por patas.
Esta tesitura, a la que se enfrentan todos los ciudadanos en mayor o menor medida, es la que tiene delante de sus narices de Repsol YPF en Bolivia. Colaborar con Evo Morales y toda su mafia, ignorar sus humillantes decretos expropiadores o abandonar el país. Cuando Morales decidió nacionalizar los hidrocarburos estaba claro que no quería expulsar a las empresas petroleras sino, más bien, explotarlas para gloria de su empobrecedor proyecto político. Repsol decidió pasar por el aro. Podía haberse largado o haber tratado de plantarle cara al gobierno boliviano. Lo último era realmente complicado dado el nulo apoyo que recibió del gobierno español. Irse tampoco era muy atractivo dada la inversión que hubiese dejado atrás. Así que decidieron seguirle el juego al gángster boliviano.
Ahora, un crecido Morales les exige un tributo adicional del 32% del negocio y les amenaza con prohibir sus operaciones en el país andino. Era de esperar. La extorsión política es un juego de difícil final. Si Repsol pasa nuevamente por el aro, inyectando liquidez en el proyecto totalitario de Morales, ayudará involuntariamente al rápido proceso de pérdida de libertades en Bolivia y sentará las bases para la siguiente extorsión del gobierno. La próxima vez, cuando la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos no necesite apoyo externo, será definitivamente expulsada. Eso sí, para entonces habrá enterrado una fortuna en convencer al gángster, y los bolivianos serán todavía más pobres de lo que lo son hoy.
