La inmigración se ha convertido en España en una bomba de efecto retardado. La sociedad está emitiendo ya los primeros síntomas de alarma, pero los políticos de uno y otro color parecen no enterarse. La inmensa mayoría de los ciudadanos consideran que el número de inmigrantes que ha llegado a nuestro país es más que suficiente y la inmigración se ha colocado de hecho en segunda posición, tras el paro, entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos.
Esta creciente alarma ciudadana y la avalancha que se cierne en los últimos meses sobre Canarias ha llevado al Gobierno, por boca de su vicepresidenta, a endurecer por primera vez el tono de su discurso. Maria Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que todo el que entre irregularmente en España saldrá más tarde que pronto de nuestro país y ha mandado un mensaje de firmeza a los gobiernos africanos que debe haber dejado atemorizados a los gobiernos de Senegal, Malí, Níger o Guinea Conakry.
Sin embargo, es tarde para rectificar una política migratoria que en buena medida es la causa del aluvión de cayucos que llegan a las costas Canarias. Durantes dos años, el Gobierno Zapatero ha hecho todo lo contrario de lo que debería haber hecho para contener la avalancha de ilegales que hoy nos asola. Han legalizado masivamente a inmigrantes irregulares y lo siguen haciendo, han mantenido una posición de sumisión ante los desmanes de algunos gobiernos africanos, han traslado a miles de inmigrantes a la península ofreciéndoles incluso dinero, han fracasado de forma contundente en la política de repatriaciones, han desarrollado un reglamento de extranjería que es un verdadero coladero para la inmigración ilegal, han retrasado la implantación del sistema de vigilancia SIVE en Canarias, no han garantizado la seguridad de nuestras fronteras como exigía la crisis en ciernes, han desoído todos los informes de inteligencia al respecto y han sido incapaces de movilizar la solidaridad de nuestros socios europeos, cuyo mejor ejemplo de impotencia es la mermada y ridícula operación montada por FRONTEX frente a las Islas Canarias.
Es más, a pesar de la actual avalancha de ilegales, el mensaje del Gobierno a la sociedad es que la inmigración ilegal ha tenido un efecto globalmente positivo para la sociedad española porque ha contribuido al crecimiento económico, un sentimiento ampliamente compartido por buena parte de la derecha. Sin embargo, la afluencia masiva de ilegales está teniendo un efecto inmediato en el crecimiento de la inseguridad en nuestro país. Los servicios sociales, sanitarios y educativos de muchas comunidades autónomas se encuentran al borde del colapso por el aumento exponencial de usuarios extranjeros. Los problemas de convivencia empiezan a aflorar en determinados barrios o pueblos en los que la concentración de inmigrantes es más elevada. Sólo hace falta que un periodo de recesión económica genere una competencia a la baja entre trabajadores extranjeros y nacionales ante la ausencia de puestos de trabajo para que vivamos una crisis social sin precedentes en nuestro país.
La irresponsable política del Gobierno va a generar un aumento de los sentimientos xenófobos en España en los próximos años. Sólo un discurso de firmeza para acabar definitivamente con la inmigración ilegal, cimentado desde el respeto a los derechos humanos, pero alejado del discurso políticamente correcto que mantienen los partidos mayoritarios, podrá evitar una deriva racista en nuestro país de nefastas consecuencias electorales para esos propios partidos y de catastróficos efectos para la convivencia democrática de nuestro país. Y sólo el PP tiene en estos momentos la credibilidad para poder hacerlo. A Fernández de la Vega no la creen ya ni en Bruselas, ni en Senegal y mucho menos en Canarias.