Reproducimos a continuación el segundo de una serie de artículos escritos por Alberto Recarte para Libertad Digital que conforman el ensayo titulado La nueva España. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:
- Un país sin fronteras
- Nuestra economía
- A la espera de reformas
- Nuestra inmigración: ¿qué inmigrantes tenemos?
- Aspectos positivos de la inmigración
- Aspectos negativos de la inmigración
- Conclusiones
Nuestra economía
4. España: un país próspero, pero en otra fase de desarrollo que los de la Europa central.
No es posible, a pesar del nivel de renta, considerar a la economía española como una economía que ha convergido con las europeas más desarrolladas. Los problemas de esas economías son los excesos del estado de bienestar, la rigidez, el proteccionismo sobre algunas actividades, el intervencionismo público y el peso sindical. Son, por otra parte, modernas, con altísima capacidad tecnológica y de investigación y un enorme capital, humano y físico, acumulado en el pasado.
Nuestra economía, por su parte, se ha especializado en esta fase de desarrollo sin buscarlo expresamente en la creación de puestos de trabajo de calidad media y baja, que se están cubriendo, en gran parte, con mano de obra inmigrante. Sin embargo, o por eso precisamente, nuestro crecimiento se mantiene por encima del 3%, mientras Europa central apenas crece y apenas crea empleo. Nuestro ciclo de crecimiento no es un milagro. Tiene causas objetivas: bajos tipos de interés, facilidades crediticias, fortaleza de las empresas asentadas y con poder en los diferentes mercados, reformas, rebajas de impuestos, privatizaciones y bajo gasto público. El crecimiento de la demanda interna, impulsado tanto por las compras de los españoles de origen como por los de ese nuevo grupo de al menos cuatro millones de personas inmigrantes, que necesitan absolutamente de todo, explica gran parte de nuestro crecimiento. La propia actividad de esos nuevos habitantes ha sido posible porque en España, tras el saneamiento económico y financiero a que obligaron las crisis del 76 al 85 y del 90 al 93, había empresas solventes y modernas capaces de crear empleo y porque el sistema financiero tenía solvencia para financiar las compras de viviendas, automóviles y enseres. El ahorro interno ha sido insuficiente para atender simultáneamente el gasto en consumo y las inversiones necesarias para atender el aumento de la demanda de la población autónoma y de la inmigración. Recuérdese que la población, en conjunto, ha crecido más del 11% en los últimos diez años. Ahí se origina, además de en la pérdida de competitividad, nuestro enorme déficit de balanza por cuenta corriente y de capital.
5. España: crecimiento cuantitativo. Incorporación de la mujer e inmigración
El crecimiento del PIB anual acumulativo de estos años, alrededor del 3% y del 3,5% en 2005 y 2006, refleja un aumento de la población ocupada casi del mismo porte. No hay pues, mejora sustancial en la productividad del sistema. Sí la hay en nuestra capacidad para integrar, financiar y dar confianza a ese grupo de nuevos residentes que, en parte y con el tiempo, serán tan españoles como el resto.
El otro factor que explica nuestro modelo de desarrollo es la incorporación definitiva de la mujer española al mercado de trabajo. De los casi 8 millones de personas que han logrado un puesto de trabajo en los últimos 12 años, más de 4 millones son mujeres, de nacionalidad española en su mayoría. La tasa de actividad de las mujeres ha pasado del 35% en 1993 al 47,9% en 2006, mientras la de los hombres crecía, pero sólo del 64% al 69% en ese mismo periodo. Ese factor ha impulsado el pequeño crecimiento de la productividad de la economía española. Una incorporación hecha posible por la propia inmigración, por la acumulación de riqueza financiera en manos de las familias españolas, por el cambio de costumbres que se reflejan en la menor natalidad y el menor índice de nupcialidad, por la posibilidad de trabajar a tiempo parcial y con contratos temporales y por el aumento sustancial del nivel educativo, cultural y formativo de las mujeres españolas. Esa incorporación masiva de las mujeres al empleo asalariado nos acerca a la Europa desarrollada. Pero, en su caso, esa integración de la mujer se produjo hace varios decenios, concretamente a finales de los años cincuenta y primeros de los sesenta, mientras el grueso de su inmigración tuvo lugar en el ciclo alcista de los sesenta y primera parte de los setenta del pasado siglo.
Esa enorme masa de nuevos empleos, apoyada en mujeres sin trabajo ni experiencia laboral previa y en inmigrantes de cualificación media, algo inferior a la de los propios trabajadores españoles, define un tipo de desarrollo en un momento histórico determinado. Lo mejor de este periodo es cuantitativo: millones de personas que han logrado vivir con dignidad de su trabajo además de formarse profesionalmente y de disfrutar, en muchos casos, de capacidad de ahorro e inversión.
6. España: un país con poca productividad
Esa dinámica de crecimiento cuantitativo y de escaso crecimiento de la productividad no es ni negativa ni positiva; es, dado el retraso histórico con el que se produce la apertura de la economía española al exterior, el que tenía más posibilidades de ocurrir en ausencia de una política económica más reformista y liberal. En esta fase de crecimiento, nuestro PIB ha pasado de 464.000 millones de euros en 1996 a 972.000 millones en 2006.
Teniendo en cuenta estos factores es muy difícil que en España, en estos momentos, pueda tener éxito una política de crecimiento de la productividad. El elemento desencadenador de esa posible transformación cualitativa, en todo caso, no está en la financiación pública de I+D, ni en el I+D que puedan hacer las propias empresas españolas, demasiado pequeñas para poder dedicar recursos humanos, siempre caros, a esas actividades. No hay que cejar ni un momento en intentarlo, pero para tener éxito son necesarias otras políticas. Reducción de impuestos, para animar al abandono de la economía sumergida, para incentivar la inversión personal y empresarial. Una política de despido con coste limitado, lo que se traduciría en estabilidad en el empleo. Deducciones fiscales intensas para la inversión en todo tipo de bienes de equipo y servicios que supongan una mejora en la gestión de las empresas. Mejoría de nuestras infraestructuras, para abaratar costes de transporte y conseguir mayor competencia entre empresas, lo que se traduciría en precios más bajos para muchos bienes y servicios. Mejoras en el sistema educativo, tanto en la primaria y secundaria como, llamativamente, en la enseñanza superior, que se ha convertido en un monopolio protegido para la explotación y beneficio de profesores y trabajadores de la enseñanza, sin posibilidad de competencia ni incentivos a la mejora en la calidad de la educación.
