Llega un momento en el que uno se deja de sorprender por el ansia de intervencionismo online y de control de Internet que muestran los políticos españoles. Una de las características de tales tendencias controladoras es que siempre pretenden dejarlas en manos de algún "competente". No se refieren con esta palabra a alguien que sea especialmente bueno en su trabajo, si no a que el encargado de controlar y decidir qué podemos ver en la Red y qué no sea alguien con competencias otorgadas por el ejecutivo.
En esta materia no parece que haya mucha diferencia entre los distintos partidos. Durante la segunda legislatura del PP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos regaló la LSSI, una norma que por suerte no se aplica con la dureza que permite. En ella quisieron meternos una "autoridad competente" que terminó transformada en "órganos", también "competentes". Y mira por dónde, ahora con un ejecutivo del PSOE, el "órgano competente" vuelve a aparecer como sinónimo de control de la Red.
El próximo candidato del PSC a la Presidencia catalana ha tenido a bien, en una de sus últimas intervenciones como ministro, informarnos de que el Gobierno pretende aprobar una nueva Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información que permitirá al Gobierno ordenar que se impida acceder desde España a contenidos online internacionales señalados por un "órgano competente". No aclaró cual sería la naturaleza de dicho órgano ni qué criterios utilizaría para decidir que algo no debe de ser visto por los internautas españoles. No son cuestiones baladíes.
Con la excepción hecha de algunas situaciones límite, como por ejemplo el control a la información referida a operaciones antiterroristas en marcha o a futuras operaciones militares en caso de conflicto, debería respetarse la libertad de expresión y el derecho a recibir todas las informaciones y opiniones que se deseen. Si se admiten que existen ciertos límites a estos derechos, como la apología del terrorismo o del genocidio, debe quedar meridianamente claro que los únicos "órganos competentes" en esta materia deben ser de naturaleza judicial. Nunca deberían serlo comités nombrados por el poder ejecutivo o judicial o cualquier oficina o departamento similar.
Un "órgano competente" no judicial tiene todas las posibilidades de convertirse en un instrumento censor que se dedique a reproducir respecto a Internet los antiguos índices en los cuales la Inquisición prohibía la difusión de determinados libros dentro de uno o varios países. Si se esquiva el control de los tribunales, unos señores nombrados según criterios estrictamente políticos podrían impedir a la mayoría de los españoles la entrada a sitios web que no suponen ningún peligro para nadie, excepto para aquellos que les han puesto en el cargo. Mayoría, que no todos, pues con un mínimo de conocimientos siempre es posible saltar las barreras que se pongan para acceder a cualquier contenido.
Esperemos que al final gane la prudencia y el respeto a la libertad. Que ese afán de control fracase y nadie pretenda prohibirnos qué visitar y qué no.