La discusión sobre la desmilitarización de la Guardia Civil y su integración con la Policía Nacional es de las que nunca acaban de resolverse del todo, pues la desaparición del cuerpo y su integración en la Policía es, en principio, una cuestión práctica y no ideológica que tiene, sin duda, ventajas e inconvenientes. Entre las primeras cabe destacar la eliminación de la descoordinación entre ambos cuerpos, patente en muchos casos. Entre las segundas, la desaparición de un cuerpo que es requerido para misiones en el exterior por nuestros aliados precisamente por su carácter militar.
Sin embargo, no hay ninguna toma de decisión respecto a esta discusión por parte del Gobierno, tal y como ha quedado patente hoy. Poner a un mismo director general al frente no significa caminar hacia la unificación, paso que debería empezar, si de verdad se quiere tomar, por la desmilitarización de la Guardia Civil. Por tanto, si no hay ninguna intención de fondo hay que pensar que se ha llevado a cabo esta reorganización de la cúpula policial por razones mucho más pedestres.
Ana Torme ha acusado a Rubalcaba de estar buscando "acabar con todos los responsables de la investigación del atentado del 11-M y salir al paso de los escándalos de las últimas fechas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el chivatazo policial que ahora investiga el juez Baltasar Garzón". Lo cierto es que es un momento crucial para hacer cambios de esta magnitud. No sólo porque Telesforo Rubio, cesado por medio de la patada hacia arriba al estilo de Joan Clos o Trinidad Jiménez, estaba a cargo de la investigación del 11-M sino porque el ejecutivo se ha embarcado en un proceso de rendición ante la banda terrorista ETA que exige tener atados y bien atados todos los cabos policiales. Incluyendo a aquellos que hayan participado en el chivatazo a la banda terrorista.
El que fuera desde la comisaría que dirige Telesforo Rubio desde donde se produjo el aviso a ETA debería haber llevado a su dimisión inmediata e irrevocable si éste hubiera sido un funcionario honorable aunque torpe. El problema es que Rubio era un comisario político, alguien que ayudó a la confección del programa que llevó el PSOE a las elecciones generales, que fue nombrado jefe de la lucha antiterrorista sin experiencia previa alguna en el campo, que preparó en la sede de Gobelas su comparecencia en la Comisión del 11-M y que hizo los informes ex profeso que empleó Zapatero para afirmar con rotundidad ante esa misma comisión que "todo estaba claro". Así que parece que se ha querido apartarle de primera línea de fuego antes de que se pueda saber algo más sobre un caso que supone el mayor escarnio para la Policía desde los GAL.
Si se tratara de otro ministerio y no el del Interior, y de otro ministro que no fuera Rubalcaba, podría pensarse que estas medidas responden a la improvisación, las prisas y las chapuzas que tienden a caracterizar la acción de gobierno de este ejecutivo. Pero descabezar la Policía y cesar a varios de los subordinados en puestos clave mientras se somete a la Guardia Civil a la incertidumbre e inquietud sobre su futuro que supone el mando único sólo puede tener dos motivos: o buscar el caos o el control total, convirtiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una reedición de la Brigada Político Social. En ambos casos, con los mismos objetivos a corto plazo en mente: que no se sepa nada del 11-M y que a nadie se le ocurra ser demasiado eficaz en la lucha antiterrorista. Porque, aun en el supuesto de que no fuera eso lo que buscaba Rubalcaba, eso es lo que va a conseguir. Y resulta poco creíble, a estas alturas, alegar ingenuidad en su caso.
