Tras el acuerdo del PSOE y las formaciones nacionalistas para que el parlamento ya no pueda tratar y debatir ninguna resolución del principal –y único– partido de la oposición en lo relativo a la masacre del 11-M, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha emitido un bochornoso, liberticida e insultante comunicado contra el diario El Mundo, la cadena COPE y nuestro periódico, por no haber dado carpetazo a las investigaciones y no callar ante las clamorosas dudas, contradicciones y manipulaciones detectadas en la llamada "versión oficial" del atentado.
Si la pretensión del PP de que el parlamento contribuya a esclarecer toda la verdad de la mayor masacre perpetrada en nuestro país supone, para los socialistas y sus aliados, "un ataque a la dignidad del parlamento", los pocos medios que tenemos esa misma legítima pretensión –compartida, por cierto, con la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las víctimas de esa masacre– vulneramos, según el Colegio de Periodistas de Cataluña, "los principios éticos de la profesión, en especial los que se recogen en los dos primeros puntos del Código Deontológico".
La desfachatez no puede ser mayor, puesto que esos dos puntos citados vienen a señalar, precisamente, que hay que "observar una distinción entre los hechos y las opiniones", así como "difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando afirmaciones o datos imprecisos que puedan lesionar la dignidad de las personas o provocar daños y descrédito injustificado a entidades públicas y privadas".
Es precisamente el comunicado de marras el que vulnera esos dos principios, al tratar de dañar el crédito de nuestro periódico, el de la COPE y el de El Mundo, sin más fundamento y sin más ejemplo de supuesta "vulneración de principio éticos" por nuestra parte que nuestra "ofensiva contra el estatuto de Cataluña".
Comprendemos que para el pensamiento único nacionalista que, desgraciadamente, impera en Cataluña, nuestra profunda y argumentada oposición a ese estatuto soberanista ya es motivo suficiente para ser excomulgados. Sin embargo, no deja de resultarnos patético contemplar a un colegio de periodistas utilizar tan sectario argumento contra la libertad de expresión e información de quienes no se pliegan a sus postulados.
En cualquier caso, y aún sin salirnos de esa "versión oficial" del 11-M, es el propio juez instructor del caso quien, en el auto de conclusiones, reconoce abiertamente que "la investigación no ha conseguido dar respuesta a cuestiones tales como el número exacto de personas que intervinieron en el traslado y colocación" de las bombas. Que haya medios que no se interesen por esas y muchas otras incógnitas decisivas respecto a la masacre ya es, para nosotros, un lamentable ejemplo de labor periodística; el colmo es que, encima, pretendan a través de instituciones colegiadas denigrar y poner una mordaza a los que no estamos dispuestos a dar carpetazo al asunto.
El hecho cierto, tal y como se puede comprobar leyendo íntegramente el comunicado, es que la correa de transmisión mediática de esa mordaza política que se ha impuesto al parlamento no pretende refutar o contrastar las informaciones ni discutir las opiniones que cuestionan la versión oficial del 11-M. Solo pretenden silenciarlas. Tanto en el parlamento como en los medios de comunicación.
