"Hay que devolver la dignidad e independencia a los jueces" decía María José Renedo, Juez decana de Palencia, tras conseguir el aval de 165 compañeros para optar a una de las vocalías que quedarán vacantes en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que gobierna la judicatura. Otra mujer, la magistrada de la Audiencia de Barcelona Beatriz Grande Pesquero, y Fernando Grande-Marlaska el famoso magistrado, de independencia y valor acreditados, han superado también con creces los 85 avales necesarios para ser elegibles. ¿Encontrarán obstáculos para conseguir ser elegidos? Permítanme comentarlo.
Les distingue el que los cientos de magistrados que les avalan no pertenecen a ninguna de las asociaciones judiciales. Eso es hoy en día un importante handicap. Ni a la Asociación Profesional de la Magistratura calificada como "conservadora" y afín al PP en opiniones que no comparto. Ni tampoco son miembros de Justicia Democrática, la agrupación que va de progresista por la vida, sin reparar que la Justicia malamente admite adjetivos. Ni, por último, se integran en las otras dos asociaciones minoritarias, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, de las que apenas se habla.
El próximo 7 de noviembre expira el mandato del actual CGPJ. Si los magistrados no afiliados a las asociaciones judiciales consiguieran el suficiente acceso de sus representantes a las vocalías del Consejo, se abriría una esperanza al desempeño de la función judicial sin sombra de dependencia, previa reforma de su ley orgánica de 1 de julio de 1985.
No se comprende que el propio CGPJ esté silente respecto al incumplimiento por la ley orgánica del mandato constitucional según el cual doce de los veinte vocales que lo componen deben elegirse "entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales". Frase que sólo puede interpretarse como "elección directa" de los doce, entre los aspirantes por ellos mismos seleccionados. Sin mediar asociaciones, que ni siquiera son citadas en la Constitución, ni inmiscuirse el Parlamento. Éste ya tiene reservados en la Carta Magna cuatro vocales a elegir por el Congreso y otros cuatro por el Senado, es decir, por los partidos políticos, y entre juristas de reconocida competencia, no necesariamente de la carrera judicial. Y basta.
Sin embargo la ley orgánica desconoce el precepto constitucional al extender el poder parlamentario de elección más allá de los citados ocho vocales a los que llamaremos "parlamentarios" y adscribirle –sumándole– los doce restantes. Precisamente los que debieran ser escogidos directamente por sus representados, los jueces y magistrados. Utilizo la expresión "elección" aunque la Constitución la denomina "propuesta al Rey" porque, de hecho, le vincula. Y, por si fuera poco, la tal ley orgánica limita el numero de candidatos de este "grupo judicial no parlamentario" a treinta y seis, fijando además su método de seleccionarlos entre los vocales avalados así como el orden de elección, que empieza en el Congreso y termina en el Senado, condicionando el resultado electoral.
El que estos métodos no son de recibo –constitucional por supuesto– queda acreditado por un hecho revelador. Antes de 1985, en tiempos de la UCD, la elección de los doce referidos vocales del "grupo no parlamentario" del CGPJ se practicó de modo directo sin intermediar instituciones ni asociaciones. La susodicha ley de 1985, según recuerdo, fue pactada entre el gobierno de Felipe González y la oposición. Un error a rectificar por el partido que acepte sin temor que el control de los actos de gobierno y administrativos es la esencia del Estado de Derecho.
Hay que regresar a la elección directa para que el ciudadano recupere la total confianza en la Justicia, institución que está hoy entre lo poco que merece su credibilidad. Se cumpliría así el mandamiento constitucional que define a los jueces y magistrados como únicos "integrantes del Poder Judicial". La elección de sus vocales representativos por intermediarios confunde a este poder autónomo con el legislativo y el ejecutivo que, al fin y al cabo, son ramas de un mismo árbol político.
Los propios jueces, que por profesión son genéticamente independientes, no gustan del actual sistema indirecto para elegir los vocales que han de gobernarlos dentro de un CGPJ que concede ascensos y ejerce facultades disciplinarias. El sistema actual de intermediarios se arriesga al intercambio de favores. Por algo la mitad de ellos, ejerciendo su libertad, no están censados en ninguna asociación judicial.
Cuando escribo estas líneas algún juez concreto y aislado escandaliza con sus decisiones al pueblo español. Por algo el 77% de los lectores de Libertad Digital, el día 2 del presente octubre, aprueban que las asociaciones cívicas se querellen contra cierto "juez estrella", "por el linchamiento de tres policías decentes".
José Luis Requero, distinguido vocal del CGPJ, en su clarividente artículoUna democracia achacosa, publicado en el periódico Expansión el ultimo 20 de septiembre, pone en solfa la intromisión del Gobierno en los "entes reguladores" que debían ser independientes y, sin embargo, "quedan avocados a desempeñar el trabajo sucio de los partidos". Y añade: "Cuando el Gobierno dice que una determinada iniciativa es constitucional, puede ser por convicción o porque sabe que tiene el colchón de un Tribunal Constitucional que ha formado directa o indirectamente. Otro caso es el Consejo General del Poder Judicial, órgano politizado que gobierna un poder independiente", y al que califica de "Consejo híbrido".