Frente a la institución del despotismo, las instituciones contra el despotismo. Todas vienen obligadas a cumplir la ley y, en algún caso, a hacerla cumplir. Las comunidades autónomas, sin ir más lejos, están constitucionalmente diseñadas como entidades complejas dotadas de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo (sobre su territorio y para sus competencias); y son Estado. Así que no es cierto que el ejecutivo y el legislativo, sin matices, estén condenados al seguir los designios del gobierno central cuando éste se sale de la ley y se pone a desbaratar el Estado de Derecho.
El gobierno de Rodríguez tiene lo que tiene, que no es poco: el BOE y una precaria mayoría parlamentaria que se mantiene a duras penas cohesionada por el odio al PP. Pero no tiene nada más. No tiene, ni puede tener, el poder judicial; no tiene, para su irritación, al Defensor del Pueblo; no tiene, no debe tener, el Tribunal Constitucional; no tiene, espero, la jefatura del Estado; no tiene en modo alguno los vastos poderes supranacionales de la Unión Europea. De todos estos ámbitos, de cada uno de sus resortes institucionales ha de nacer sin dilación el contraataque. El primer Estado moderno de Occidente no se puede desvanecer y quebrar sin reacción, por muchos que sean los felones y por pocas que sean las lealtades.
Es esa reacción, justamente, la que temen los anestesistas del Estado y de la opinión. Es el contraataque que necesariamente ha de llegar lo que tiene insomnes y crispados a los moraledas, blancos, rubalcabas y socios en el despiece. Se van a aplicar con más saña que nunca; van a pasar por encima de las formas democráticas (por encima del fondo ya han pasado) cada vez que una institución haga uso de sus competencias en defensa del modelo constitucional que el gran majadero ha desahuciado.
Lo que le han hecho a Múgica es un aviso y es una amenaza. Del mismo modo, las advertencias de Moraleda al PP tratan de adormecer el nervio democrático (él lo llama "veneno") que la formación de centro-derecha puede transmitir. Quieren congelar la indignación de media España, alimento y motor del contraataque.
Sobre el Tribunal Constitucional se ejercerán presiones indescriptibles. Ya han empezado: si tocan el estatuto catalán, sobrevendría la catástrofe. ¿No repitieron hasta la saciedad, cuando denunciábamos la inconstitucionalidad del bodrio, que sobre eso ya se pronunciaría el TC? Ahora se trata de que no lo haga, o de que lo haga estrictamente en un sentido: agacharse, asentir.
El CGPJ, y cada juez y magistrado, también tienen un papel que cumplir: de entrada, defender su independencia e imponer el sometimiento de todos, sin excepción, a la ley y a los tribunales. Del Jefe del Estado cabría esperar alguna señal que nos recuerde su utilidad. En Europa hay mucho que hacer; por ejemplo, contarles lo que le espera a sus naciones estado si la nuestra se rompe. Ya se está trabajando en ello. Sumarse o no al contraataque en defensa de la libertad y de la unidad de España definirá la índole de cada cual. Y su futuro.