Esta semana política ha sido difícil para los mezquinos intereses de un Gobierno inmerso en la rendición ante los terroristas. Primero fue el robo de 400 pistolas por parte de ETA en Francia; luego, la reacción cobarde de un presidente que dice que no hay nada que verificar y que, si se tomaran medidas al respecto, será más adelante; en medio, el pleno de la Eurocámara que ha servido a Zapatero para abrir de par en par las puertas de Europa a los terroristas etarras, pero no para recibir un respaldo claro e inequívoco a sus planes. En definitiva, un panorama ciertamente desolador.
A todo esto se le añade una noticia inesperada, especialmente para el Gobierno, y que tiene una importancia que trasciende a lo ocurrido. El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso ha renunciado a representar al Ministerio Público en el juicio a De Juana Chaos, que comienza la semana que viene, para no tener que rebajar la pena. Evita así, sin incumplir con sus obligaciones tasadas, la imposición del fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, siguiendo las órdenes de su amigo el Fiscal General del Estado.
La renuncia de Jesús Alonso es un gesto que le honra, pues prefiere asumir una posición difícil antes que asumir la responsabilidad de una auténtica ignominia para la libertad, para la democracia y para la aplicación de la ley. Sabe que detrás de él hay muchos magistrados, fiscales y juristas sobrecogidos por la forma de no aplicar la ley impuesta por Cándido Conde Pumpido. Las órdenes del Fiscal General tienen como objetivo el trato suave, mimoso, cariñoso a los etarras; no son propias del Estado de Derecho y no tienen justificación alguna en una democracia.
Jesús Alonso no es el primero y tampoco será el último en decir lo que piensa. Resulta difícil evitar pensar en el cese político fulminante del anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Suceda lo que suceda con él en adelante, lo que transmite su renuncia es el verdadero ambiente que existe en el mundo judicial antes las imposiciones políticas del Fiscal General del Estado. Este malestar se empieza a traducir en una auténtica rebelión de aquellos que sólo piden y exigen que se les deje cumplir la ley. Porque en casos como éste, la ley de la que hablamos es la que permite mantener entre rejas a los terroristas más sanguinarios y con más asesinatos a cuestas.
El Gobierno, en primer lugar, y sus siervos judiciales detrás de él están rompiendo todos los muros, todos los diques, todas las defensas que la democracia había construido para impedir que los terroristas destruyeran el Estado de Derecho. Esa destrucción no la están llevando a cabo los terroristas, como podría esperarse, sino aquellos cuya obligación era defender la democracia y la están hundiendo, sin escrúpulos y sin pudor. Lo que está haciendo Zapatero con la España democrática es difícil de calificar, y casi imposible de equiparar con ningún antecedente histórico. Sólo las salvaguardas que puedan poner quienes, como Javier Alonso, se encuentran en las instituciones podrán protegerlas de este Gobierno depredador.