En su escrito de conclusiones en la preparación del juicio sobre la matanza del 11-M la fiscal Olga Sánchez ha tenido probablemente la oportunidad profesional de su vida. Estoy convencido que todos habríamos deseado que hubiera salido mejor parada. No ha sido así, por desgracia.
El relato de algunos de los hechos que conducen a los atentados no viene respaldado por prueba alguna, como ocurre con la evocación de los campos de entrenamiento en Afganistán que supuestamente frecuentaron los asesinos. Otras veces se refutan teorías ajenas. Por ejemplo, la negación de cualquier relación de los etarras con los hechos resulta como mínimo innecesaria y, desde otro punto de vista, sospechoso. ¿Para qué negar una realidad que se considera inexistente?
En vez de atenerse a los hechos, el escrito de la fiscal parece adentrarse en la polémica periodístico-política. Tal vez tenga derecho a hacerlo, como cualquier otro ciudadano (no todos, en cualquier caso) pero un escrito estrictamente procesal, como es este, no parece el lugar más adecuado para ese fin. Menos aún lo son expresiones como la que califica una manifestación de Bin Laden de "detonante" de la matanza, o las que relacionan la política del gobierno de Aznar con aquella atrocidad.
Lo peor del asunto no es la manifestación de opiniones en un texto que aspira a ser probatorio y por tanto debería ser lo más sobrio y objetivo posible. Lo peor es la profunda pérdida del sentido del propio trabajo. La menguada profesionalidad insinúa, en el fondo, que lo que está en juego en este asunto no es propiamente la aclaración de los hechos sino su interpretación y, en consecuencia, su repercusión política.
Es una constante de la clase gobernante en estos dos últimos años. Desaparece cualquier dimensión estratégica, sustituida por posiciones tácticas que varían en función de los intereses concretos de la circunstancia. La discusión sobre los etarras, por ejemplo, en vez de la exposición de los hechos. Y falla también cualquier consideración de la simple capacidad de raciocinio de la opinión pública. ¿De verdad piensan que se puede dar crédito a esta versión fantástica de lo ocurrido, coronada además con la guinda de la condena de Aznar y la exoneración –perfectamente innecesaria, ya se ha dicho– de los etarras?
Una clase gobernante que no es capaz de distinguir entre la acción y la propaganda está condenada, por lo menos en democracia. Ya sabemos lo que le ha pasado a Zapatero en Cataluña, exactamente por las mismas razones y por la misma actitud que revela el escrito de la fiscal Olga Sánchez. Debería dar motivo de reflexión a todos los agentes políticos, incluido el PP.